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Karim Hernández señaló que solicitaron a los establecimientos que en la reconstrucción tomen en cuenta nuevas medidas de seguridad
10:03 martes 31 marzo, 2026
Jalisco
Un total de 129 establecimientos comerciales resultaron afectados tras los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero en Puerto Vallarta, informó Gerardo Karim Hernández, vocero y cofundador de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio (AMESYC) en la región, al destacar que ya se trabaja en un plan integral para su reconstrucción con mayores medidas de seguridad.
Indicó que de acuerdo con el balance oficial entre los negocios impactados se encuentran 62 tiendas Oxxo, 61 Kioskos, cinco sucursales de Farmacias Guadalajara y una tienda Coppel, lo que representa una de las afectaciones más significativas para el sector comercial en la región en los últimos años.
En este contexto, la AMESYC llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades municipales y representantes empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante escenarios de riesgo. Durante la sesión, Karim Hernández subrayó la necesidad de que la reconstrucción de los establecimientos afectados contemple protocolos más robustos, entre ellos la implementación de sistemas de aspersores, mejores medidas de seguridad en los accesos, entre otros. Destacó que los tiendas de conveniencia ya comenzaron con la reconstrucción, las cuales registran un avance del 5 por ciento, por lo que en su totalidad una tienda estará lista en aproximadamente 3 meses; mientras que la tienda departamental de Ixtapa, que fue pérdida total, contempla al menos todo el año para volver abrir. Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció la implementación de mesas de trabajo mensuales, la creación de un sistema de alertas tempranas entre empresas y autoridades, así como operativos conjuntos de vigilancia en zonas comerciales estratégicas, entre otros. Finalmente, la AMESYC reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector público para garantizar entornos más seguros, al considerar que la reconstrucción no solo implica recuperar la infraestructura dañada, sino también fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante futuros incidentes.