Con el objetivo de ampliar el catálogo de conductas que pueden considerarse como violencia digital, e incorporar aquellas nuevas prácticas que han surgido con el avance tecnológico, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

De esta manera, se busca incorporar como modalidades de violencia digital las conductas de: ciberacoso entendido como la conducta sistemática y reiterada de acecho, monitoreo, persecución o vigilancia a través de medios digitales, que altere la tranquilidad o la libertad de acción de la mujer, y se encuentre en una situación de indefensión total.

El concepto de Doxing, entendido como la publicación, difusión o intercambio de información personal y privada sin consentimiento, con el fin de dañar la reputación o exponer a la víctima a agresiones de terceros; la producción o difusión de contenido íntimo o simulado, para la distribución, comercialización o intercambio de contenido sexual real, alterado o generado mediante inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona.

Además, el hostigamiento coordinado o linchamiento cibernético, entendido como acción violenta colectiva de emisión de mensajes de odio, insultos, información apócrifa o provocaciones constantes para silenciar la actividad de la mujer; suplantación de identidad, como la creación o uso de perfiles falsos para dañar la reputación de la mujer, enviar mensajes en su nombre o acceder de manera ilícita a su información privada.

Sexting no consentido, para el envío de contenidos gráficos de tipo sexual, a otras personas con el objeto de difundirlos o utilizarlos como herramienta de presión o humillación; el gaslighting digital, entendido como la distorsión deliberada de información, alteración de registros de comunicación o suplantación de identidad, con el fin de hacer que la víctima dude de su propia percepción, memoria o juicio, invalidando el testimonio de la mujer, invirtiendo los roles de agresor y víctima, y generando un estado de confusión que facilite la continuidad del abuso.

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Se indica que con esta iniciativa se pretende generar un marco normativo más claro que permita a las víctimas identificar cuando están siendo objeto de violencia digital, brindándoles herramientas para exigir la protección de sus derechos, así como fortalecer las capacidades institucionales para la atención de estos casos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la protección de los datos personales y la no revictimización.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.