“Si la evaluación no se traduce en beneficios para los ciudadanos y sólo es una herramienta de uso político, de nada sirve, que mejor no lo hagan”, así lo expresó el abogado José Mario de la Garza, sobre la autoevaluación de desempeño que se pretende realizar en el Congreso del Estado.

Este tipo de evaluaciones ya han sido planteadas desde legislaturas anteriores, pero sin llegar a consolidarse. El abogado reportó que cuando el Congreso Calificado ha enviado a los congresistas la metodología utilizada para la evaluación que se les realiza, los legisladores nunca han respondido o realizado observaciones.

“Si la evaluación se hace de forma institucional, si ya no la hacen ciudadanos o una organización como el Congreso Calificado… si la realizará una instancia pública, tendría que tener una consecuencia para aquellas personas que salen mal evaluadas, que ya no puedan ocupar cargos”, añadió.

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Aunque la propuesta puede ser de impacto positivo, se requiere que evite un conflicto de intereses y que brinde, de manera genuina, información adicional a la ciudadanía sobre quienes los representan y la labor que se realiza. A su vez, deben presentar transparencia sobre la metodología utilizada, con qué datos se lleva a cabo, donde se encuentran y a partir de qué criterios se calificará, entre otros factores.