Hay leyes que buscan disuadir y otras que pretenden gobernar; pero existen algunas -las más inquietantes- que terminan por establecer, de manera implícita o explícita, qué vidas valen más que otras. La reciente aprobación en la Knéset de una norma que contempla la pena de muerte para palestinos de Cisjordania que maten a un judío se inscribe peligrosamente en esta última categoría. No se trata únicamente de un endurecimiento punitivo en un contexto de violencia prolongada, sino de una medida que cristaliza jurídicamente una desigualdad que ya operaba en los hechos: la existencia de sistemas legales diferenciados según la identidad del acusado.

Desde hace décadas, el entramado legal en Cisjordania ha funcionado bajo una lógica dual: los colonos israelíes están sujetos al derecho civil israelí, mientras que los palestinos son juzgados en tribunales militares. La nueva legislación no crea esa asimetría, pero la radicaliza al introducir la pena capital como castigo prácticamente automático para un grupo específico. El problema no es solo la severidad de la sanción, sino su selectividad. En cualquier marco que aspire a llamarse democrático, el principio de igualdad ante la ley es innegociable; cuando ese principio se quiebra, lo que queda no es justicia más dura, sino justicia distinta según el origen.

El giro no puede entenderse sin observar la evolución política reciente de Israel. La Knéset actual refleja el peso creciente de fuerzas etnonacionalistas que han desplazado los márgenes del debate hacia el centro del poder. Lo que hace apenas unos años habría sido considerado una propuesta extrema hoy se traduce en legislación. Bajo el argumento de la disuasión, se impulsa una lógica de castigo ejemplar que, sin embargo, ha sido cuestionada incluso por especialistas en seguridad: la evidencia histórica sugiere que la pena de muerte no reduce de manera significativa la violencia política, pero sí contribuye a endurecer identidades, alimentar narrativas de martirio y cerrar los escasos espacios de negociación.

Más allá de su impacto inmediato en los territorios ocupados, la ley proyecta una sombra inquietante sobre los árabes israelíes, ciudadanos formales del Estado pero insertos en una realidad donde la pertenencia étnica sigue siendo un factor determinante. El mensaje que se envía es ambiguo en el mejor de los casos y excluyente en el peor: la ciudadanía puede no ser suficiente cuando el clima político se define en términos identitarios. En ese contexto, la cohesión social se vuelve más frágil y la desconfianza más profunda, porque la ley deja de percibirse como un marco común y pasa a entenderse como una herramienta de diferenciación.

Paradójicamente, una medida concebida para reforzar la seguridad puede terminar debilitándola. Las políticas punitivas percibidas como injustas no suelen pacificar; tienden a exacerbar agravios y a legitimar, en la narrativa del adversario, la violencia como respuesta. Cada ejecución potencial no solo castiga un acto, sino que puede convertirse en un símbolo, en un punto de inflexión emocional que alimente ciclos de retaliación. En conflictos de larga duración, donde la memoria colectiva juega un papel central, estas decisiones rara vez quedan confinadas al terreno jurídico.

Existe además un costo que trasciende lo inmediato: el de la legitimidad internacional y el de la percepción global. Cuando un Estado adopta medidas vistas como discriminatorias, la crítica no se limita al plano diplomático; se filtra en la opinión pública mundial y, en un conflicto tan cargado de historia, puede derivar en generalizaciones peligrosas. Es fundamental distinguir entre las decisiones de un gobierno y la identidad de un pueblo, pero en la práctica esa distinción no siempre se sostiene en el imaginario colectivo. Ahí reside uno de los riesgos más delicados: que políticas concretas terminen alimentando prejuicios más amplios y, con ello, reproduciendo el mismo odio que dicen combatir.

La ley aprobada por la Knéset no solo endurece el castigo; redefine el marco moral en el que se desarrolla el conflicto. Al introducir una sanción máxima aplicada de forma selectiva, institucionaliza una jerarquía de vidas que erosiona cualquier pretensión de igualdad jurídica. En lugar de acercar una solución, parece profundizar las fracturas existentes. Porque en escenarios donde la dignidad es el terreno más disputado, cada acto de desigualdad legal no es simplemente una decisión política: es una semilla de resentimiento que difícilmente deja de germinar.

La decisión del parlamento israelí es, por decir lo menos, decepcionante. En un año electoral, y con múltiples frentes abiertos, Israel se aísla cada vez más en sus pretensiones supremacistas y se empeña en condenar a muerte por todas las vías y todos los medios posibles al pueblo palestino. Si el electorado judío le da un nuevo voto de confianza a Netyanhu y su coalición, Israel habrá sellado con sangre el episodio más oscuro de historia.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS