MAURICIO KURI, EL gobernador del PAN en Querétaro, y quien se acerca al fin de su administración, parece copiar la proclividad de Morena a dejar en mal estado las finanzas del estado y arriesgar la inversión privada en proyectos de infraestructura. Durante décadas los gobiernos del PRI y del PAN en el estado cuidaron a ultranza el cumplimiento de los compromisos contraídos, tanto para el pago de la deuda como de los pagos de la infraestructura financiada por privados.

Esto permitió que Querétaro fuese un imán de inversiones, en contraste con la mayoría de otras entidades del país que carecen de la fortaleza que un fuerte historial de pago otorga.

Pues bien, después de honrar durante 18 años los pagos de la concesión de transporte de agua del proyecto Acueducto II, Kuri tuvo la ocurrencia de demandar a los concesionarios con un juicio de lesividad.

Es decir, alegar que el contrato fue mal otorgado 18 años antes por las autoridades panistas, en la época de Vicente Fox y Francisco Garrido y que expira en 2027.

Lo curioso y absurdo es que arguye que lo que estaría mal corresponde al saldo de lo que le faltaría pagar en los últimos dos años, que asciende a mil 80 millones de pesos que ahora se quiere ahorrar.

Esta concesión que data desde el año 2007 tiene en su estructura una garantía de Banobras, que dirige Jorge Mendoza, apoyada en las participaciones federales del estado de Querétaro.

El riesgo del impago naturalmente es que Kuri, en su aventura legal, termine arrastrando a la banca de desarrollo y así afectando la fortaleza de las garantías que dan no sólo Banobras.

También apunte a Nacional Financiera, que capitanea Carlos Torres, y que ahora son fundamentales para el desarrollo de los proyectos federales de energía y de transporte, entre otros.

Lo último que en estos momentos le hace falta a Querétaro son estas ocurrencias contra los principales inversionistas en infraestructura del país, que son quienes constituyen el consorcio a quien pretende no pagar.

Hablamos de la constructora FCC de Carlos Slim, la empresa medioambiental Veolia, el fondo de infraestructura EXI, de Guillermo Fonseca, y el banco japonés Mitsui, que lleva Fernando Tovar.

Varias de las calificadoras han tomado nota ya de este reclamo y de las evasivas del estado para llevar a cabo el pago de las tarifas a los privados.

Apunte a las tres grandes: Moody’s, que dirige Carlos Díaz de la Garza; Fitch Ratings, al mando de Carlos Fiorillo, y Standard & Poor´s, que comanda Roberto Sifón-Arévalo.

RECORDARÁ QUE LE comentamos sobre la participación de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como asesores en asuntos de alto calado ante el Alto Tribunal, como es el caso de José Ramón Cossío, quien ha sido activamente duro crítico en medios de comunicación de la Reforma Judicial. Una fuente cercana al caso confirma que el extogado tomó la representación del banco español Santander, que dirige Héctor Grisi, en el famoso litigio que sostiene con las herederas del industrial regiomontano Roberto Garza Sada, donde le exigen al consorcio financiero de Ana Patricia Botín la restitución de 36.7 millones de acciones del Grupo Alfa que depositó su padre en un fideicomiso con la institución fiduciaria en 1994, mismo que fue vaciado mediante cartas de instrucción declaradas apócrifas por un Tribunal Colegiado de Monterrey. La información disponible confirma que Cossío se sumó a un grupo de cabilderos contratados por Santander, entre quienes también destaca el político panista Santiago Creel, quienes, se dice, pregonan en el medio financiero que ya echaron mano del asunto y se sienten muy seguros de revertir el expediente que es cosa juzgada ante la máxima instancia judicial.

LA PROPUESTA INICIAL de 6.8% que lanzó el Instituto Mexicano del Seguro Social no obtuvo el respaldo de los trabajadores y terminó aprobando un incremento global de 8 por ciento. Su director Zoé Robledo anunció que el ajuste se compone de 4% directo al salario tabular y 4% para apoyo de renta de vivienda. El acuerdo fue avalado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, tras una nueva ronda de negociaciones. De acuerdo con el funcionario, el aumento podrá financiarse con ahorros operativos, digitalización y mayores ingresos por cuotas obrero-patronales. El IMSS reporta además 22.9 millones de trabajadores asegurados. El incremento aplicará sin modificaciones a los servicios médicos. La negociación concluyó con el visto bueno del Consejo Técnico del organismo.

PEMEX ANUNCIÓ UNA inversión de 1.8 billones de pesos para los próximos cinco años y su director, Juan Carlos Carpio, sostuvo que la empresa tiene menos deuda y más capacidad para invertir. Sin embargo, el discurso contrasta con una realidad conocida: durante años la petrolera ha requerido respaldos financieros del gobierno mientras arrastra problemas de rentabilidad, pasivos elevados y proyectos cuyo retorno sigue bajo escrutinio. Aunque la administración destaca una reducción de más de 20 mil millones de dólares en la deuda financiera y un mayor nivel de refinación, la producción de hidrocarburos aún se mantiene por debajo de los niveles históricos que alguna vez justificaron el tamaño de la empresa. Destinar 1.46 billones de pesos a exploración y extracción parece reconocer que el principal desafío sigue siendo producir más petróleo y gas.

MÉXICO ENTRÓ EN la fase decisiva de su evaluación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encabezado por Giles Thomson, y que revisa la eficacia de los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. La revisión incluye a autoridades financieras, de seguridad y procuración de justicia, además del sector privado. Un resultado favorable fortalecería la confianza internacional en el sistema financiero mexicano, mientras que observaciones relevantes podrían elevar los riesgos de supervisión y cumplimiento para bancos y empresas. Las conclusiones se discutirán del 26 al 30 de octubre durante la plenaria del organismo.

A JAVIER MILEI se le cayó de la mesa uno de los inversionistas que más interés había mostrado por la privatización de Belgrano Cargas. Grupo México, de Germán Larrea, decidió no participar en la licitación, luego de más de un año de intentar que el gobierno argentino reconsiderara el modelo ferroviario propuesto. El desacuerdo se centró en el esquema de acceso abierto, que permite a varios operadores usar la misma red, mientras la empresa mexicana apostaba por un modelo de integración vertical similar al que opera en México. La decisión deja fuera una inversión inicial estimada en tres mil millones de dólares para rehabilitar una infraestructura de apenas siete mil 600 de 14 mil kilómetros de vías. Los incentivos fiscales pueden atraer interés, pero no necesariamente inversiones cuando el diseño del negocio no convence a los operadores.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE