La plataforma digital de transporte Uber informó este sábado que sus conductores no pueden ser detenidos o multados por agentes de la Guardia Nacional en zonas federales como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esta medida surge tras el reciente acuerdo entre taxistas del AICM y autoridades de movilidad, derivado del bloqueo en las terminales 1 y 2 del pasado miércoles.

En dicha protesta, los choferes exigieron prohibir que las plataformas digitales recojan pasaje en zona federal, lo que intensificó la disputa por el control del transporte en el aeropuerto.

A través de un documento judicial (amparo 1202/2025) enviado a sus "socios conductores y repartidores", la empresa estableció que las autoridades no pueden impedir la prestación del servicio mediante la aplicación.

Según la suspensión definitiva otorgada por la Jueza Décimo Tercera de Distrito el hecho de carecer de un permiso de autotransporte federal no es razón suficiente para retirar de circulación el vehículo ni para obligar al pasajero a descender antes de llegar a su destino.

Además, dicha resolución califica las detenciones realizadas hasta ahora como "arbitrarias y discriminatorias".

Asimismo, la justicia federal ordenó a las autoridades responsables cesar estas prácticas, argumentando que no se pueden exigir requisitos, concesiones o permisos que no estén previstos expresamente en las leyes actuales, eliminando así cualquier vacío legal que los agentes intenten usar a su favor.

También otorgó a los conductores una guía a través de sus correos electrónicos que instruye a recordar a los oficiales que cualquier revisión debe estar debidamente fundada y motivada.

Esto significa que la autoridad no puede actuar por sospecha o intuición, sino que debe sustentar su intervención en un marco legal existente, respetando siempre la suspensión que protege la operación de la plataforma en los aeropuertos del país.

Aunado a esto, el juzgado federal ya emitió una advertencia por desacato. En el expediente se lee que es "evidente" que los elementos adscritos a la Guardia Nacional no han acatado las suspensiones previas, por lo que se les ha requerido que, en un término de 24 horas, acrediten que están dando cumplimiento total a la orden judicial de no molestar a los conductores de la aplicación.

El Poder Judicial de la Federación advirtió que el incumplimiento de esta suspensión no sólo es una falta administrativa, sino un posible delito federal.

Según el artículo 262 de la Ley de Amparo, los agentes que ignoren esta orden podrían ser denunciados penalmente ante el Ministerio Público de la Federación, lo que eleva la responsabilidad individual de cada oficial en el retén.

Finalmente, Uber ha hecho un llamado a sus socios para que impriman el expediente del amparo y lo porten en sus unidades en todo momento.

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Con información de Latinus