Israel aprobó el 30 de marzo una controvertida ley que restablece la pena de muerte para personas condenadas por terrorismo, en una decisión que marca un giro significativo en la política penal de Israel y ha generado fuertes reacciones tanto dentro como fuera del país.

La legislación, respaldada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra. El texto establece que los palestinos condenados por ataques mortales con motivación nacionalista podrán ser sentenciados a muerte, en muchos casos como pena predeterminada.

Quien cause la muerte de otra persona con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente de Israel y con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel será condenado a muerte o a cadena perpetua, como únicas penas posibles”.

La ley reduce de manera sustancial los requisitos para aplicar la pena de muerte. A diferencia del sistema anterior, ya no será necesaria la unanimidad de los jueces, sino que bastará una mayoría simple. Además, las posibilidades de apelación serán limitadas y las ejecuciones deberán realizarse en un plazo de 90 días, mediante ahorcamiento.

El impulso a esta legislación cobró fuerza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, atribuidos a Hamás, que provocaron un cambio en el clima político y en la percepción de seguridad dentro de Israel. Sectores del gobierno y parte de la opinión pública consideran que se requieren medidas más severas para enfrentar el terrorismo.

“¡Hemos hecho historia! Lo prometimos. Lo hemos cumplido”, celebró el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, uno de los principales promotores de la ley.

El proyecto fue impulsado por partidos de extrema derecha como Poder Judío y contó con el respaldo de aliados clave del gobierno. Sus defensores argumentan que la medida busca disuadir futuros ataques y romper lo que consideran un ciclo de violencia.

“Durante años, hemos soportado un cruel ciclo de terror, encarcelamiento, liberación […] y el regreso de estos monstruos humanos para volver a asesinar a judíos”, afirmó la legisladora Limor Son-Har-Melech durante el debate.

Sin embargo, la ley ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran discriminatoria. Argumentan que, en la práctica, la norma se aplicará casi exclusivamente a palestinos, ya que los casos que involucran a ciudadanos israelíes difícilmente cumplirían con los criterios establecidos.

La organización B'Tselem ha señalado que los tribunales militares que juzgan a palestinos en Cisjordania presentan tasas de condena cercanas al 96 por ciento, lo que genera dudas sobre las garantías procesales.

El proyecto constituye una escalada histórica: una nueva fase de ejecuciones […] con motivación política”, denunció la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Además, expertos legales han advertido posibles conflictos con el derecho internacional. El asesor jurídico Ido Ben-Itzhak cuestionó que la ley no contemple la posibilidad de indulto, lo que podría contradecir convenios internacionales.

Históricamente, Israel ha aplicado la pena de muerte en casos excepcionales. Desde su creación, solo se han registrado dos ejecuciones: la de un oficial israelí en 1948 —posteriormente exonerado— y la del criminal nazi Adolf Eichmann en 1962.

La nueva legislación ya enfrenta desafíos legales ante el Tribunal Supremo, mientras el debate sobre su constitucionalidad y sus implicaciones éticas y políticas continúa intensificándose.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el martes a Israel a derogar una ley que establece la pena de muerte en la horca como sentencia por defecto para los palestinos condenados por tribunales militares por ataques mortales, afirmando que dicha legislación viola el derecho internacional humanitario.

"Suscita graves preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada sin demora", afirmó Volker Turk en un comunicado enviado a los medios.

Asimismo, afirmó que la ley, aprobada por el Parlamento el lunes, es incompatible con las obligaciones legales de Israel, citando la falta de posibilidad de indulto y la orden de que las ejecuciones se lleven a cabo en un plazo de 90 días.

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Con información de Excélsior