Tras dos años de trabajar codo a codo con 13 colectivos de la sociedad civil, los diputados morenistas Eric Silva y Andrea Tovar presentaron una nueva iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro, con la que buscan incrementar la administración mínima por persona, prohibir la utilización de aguas residuales para uso doméstico y cortes de agua, y garantizar que los servicios de agua potable sean públicos y sin fines de lucro.  “Entre los temas fundamentales qué contempla esta ley se encuentran, por ejemplo, no a las concesiones privadas del servicio de agua potable para que el servicio público de uso doméstico no sea operado bajo un esquema de negocio; no al Batán, prohibiendo el agua de reuso para consumo humano; no a los altos costos del agua, que el acceso al líquido no debe rebasar un 3% del salario mínimo mensual y que el agua potable sea accesible para las familiar que viven en mayores zonas de marginación”, declaró Eric Silva durante la rueda de prensa.  Apuntó que otros aspectos que contempla la iniciativa es la prohibición de los cortes de agua, la no contaminación y la opacidad de los gobiernos, así como la calidad del agua que es consumida tiene que ser supervisada y sus resultados deben ser públicos.  “Actualmente, el Estado de Querétaro no contempla una ley estatal de Agua. No es una ley que permita que se toquen todos y cada uno de los puntos en los cuales, el día de hoy de todos aquí qué estamos interesados. Es únicamente una ley de prestación de servicios y, eso como ya lo hemos visto, no ha dado el resultado esperado”, añadió.  Por su parte, la diputada Andrea Tovar enfatizó que esta iniciativa reconoce un nuevo mínimo vital, el cual se establecerá 100 litros diarios de agua por persona, en vez de los 50 litros que hoy en día son contemplados.  “La Ley también habla de responsabilidad colectiva, responsabilidad para cuidar nuestras cuencas para proteger nuestros acuíferos y para utilizar el agua con inteligencia”, apuntó Tovar.  En ese sentido, la propuesta también contempla la creación de un Consejo Ciudadano del Agua, el cual estará integrado por cinco consejería regionales (tres de la zona metropolitana, una de la zona sur y una zona de la Sierra Gorda), su objetivo es ser un órgano apartidista y que sea crítico de las administración del agua en la entidad.

Los diputados declararon que la ruta legislativa que tomará la iniciativa tendrá una duración de dos meses, por lo que confían en que podrá ser aprobada antes de que termine la actual Legislatura.