El diputado local y presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, anunció que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tras considerar que fue objeto de discriminación por parte del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra.

El conflicto surge luego de que, el pasado 24 de marzo, Serrano Cortés hiciera un llamado al rector para que la Universidad transparentara información relacionada con su sistema de pensiones y jubilaciones, tras la aprobación de una reforma que establece límites a estos beneficios para exfuncionarios públicos. El legislador cuestionó que la institución, pese a recibir recursos públicos, se haya negado en diversas ocasiones a comparecer ante el Congreso estatal, mientras que sí ha recurrido a instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, criticó el uso de recursos en la contratación de servicios legales para evitar la rendición de cuentas sobre el gasto en pensiones dentro de la universidad.

En respuesta, el rector Zermeño Guerra defendió la legalidad de los beneficios otorgados en el pasado y desestimó los señalamientos del diputado. “Hay que tomar las cosas de quien viene”, expresó, además de cuestionar su vínculo con la entidad y con la institución al señalar que, según él, no es egresado de la universidad e incluso puso en duda que sea originario de San Luis Potosí (el diputado es nacido en la Ciudad de México).

Ante estas declaraciones, Serrano Cortés calificó los comentarios como un exceso y aseguró que no se dio respuesta a los cuestionamientos de fondo. Por ello, anunció que acudirá a la CEDH al considerar que los señalamientos del rector constituyen actos de discriminación.

El legislador también hizo un llamado a integrantes de la comunidad universitaria que hayan enfrentado situaciones similares a presentar sus denuncias, al subrayar: “no se necesita ser egresado de la universidad ni ser potosino para solicitar la rendición de cuentas”.

Aunque reconoció no contar con formación jurídica especializada, sostuvo que ello no limita su capacidad para exigir legalidad y transparencia, y consideró que los comentarios del rector vulneran el principio de igualdad establecido en el artículo primero de la Constitución.

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Concluyó destacando que él forma parte de un Poder Legislativo, siendo un representante popular, ante lo que habrá de hacer la revisión pertinente para que la universidad se conduzca con los cánones legales con los que está obligado el rector y que preocupa que una autoridad tenga una respuesta de esa naturaleza.