Hay escenas que deberían estremecer más de lo que duran en redes. Un grupo de repartidores persiguiendo a quien presuntamente robó una motocicleta, recuperando por su cuenta lo que el Estado no alcanzó a proteger, y terminando en una golpiza colectiva con intentos de prender fuego a una persona, no es solo una nota roja más. Es una postal de época. Una donde la autoridad llega tarde, la rabia llega primero y la ley, en los hechos, ya va atrás de la multitud. Lo ocurrido en Jassos, en Villa de Pozos, y días antes en Quintas de la Hacienda, en Soledad de Graciano Sánchez, no son “incidentes aislados”. Son avisos. Alertas rojas de algo más profundo: el cansancio social ya empezó a convertirse en acción directa.

Porque hay que decirlo sin rodeos. Cuando una persona asaltada ya no marca primero al 911, sino al grupo de WhatsApp de sus compañeros, algo muy serio se rompió. No es solo un problema de percepción; es una reorganización de la confianza. El ciudadano ya no está apostando a que la patrulla llegue, sino a que su gremio responda más rápido. Y, siendo francos, en muchos casos parece tener razón. Los repartidores de aplicación hoy se coordinan, se movilizan y ubican en minutos lo que las corporaciones tardan demasiado en atender. Esa comparación, por sí sola, ya es devastadora para cualquier discurso oficial que presuma estrategia, proximidad o reacción. La pregunta ya no es si la gente confía en la policía; si no cuánto tiempo lleva sobreviviendo sin ella.

Lo más delicado es que este tipo de episodios ya no se explica solo por el enojo del momento. Hay una fatiga acumulada. La gente no explota únicamente por una moto, un celular o un robo más; explota por años de impunidad chiquita, cotidiana, repetida. Por la carpeta que no avanzó. Por el reporte que nadie contestó. Por el patrullaje que nunca pasó. Por el “ahorita va una unidad” que terminó en silencio. En ese contexto, el presunto delincuente deja de ser visto como una persona y se convierte, para la multitud, en el rostro de todos los agravios juntos. Ahí es donde empieza el peligro real: cuando el hartazgo sustituye al debido proceso y la frustración se vuelve método.

Y no, esto no se arregla a punta de moralina fácil diciendo que “la violencia no es el camino”. Eso ya lo sabe cualquiera con un mínimo de sensatez. El problema es que hay miles de personas que sienten, con razones de sobra, que el camino institucional está bloqueado o, peor aún, abandonado. Por eso vale la pena mirar más allá del video viral y entender la señal política que deja. Cuando ciudadanos comunes asumen funciones de persecución, localización, retención y castigo, el mensaje de fondo es brutal, ya que el Estado está perdiendo el monopolio práctico de la fuerza, aunque conserve el discurso. Y cuando eso empieza a pasar en colonias, fraccionamientos y zonas conurbadas, lo que está en juego ya no es solo la seguridad pública; es la gobernabilidad cotidiana.

Lo hemos visto antes, en distintas escalas y con distintos rostros. Desde comunidades que amarran a un ladrón en la plaza hasta casos extremos que terminan en tragedias irreversibles. Incluso episodios mediáticos como el de la mujer que, tras años de ver invadido su patrimonio y sentirse abandonada por la autoridad, terminó resolviendo por la vía más brutal lo que el sistema fue incapaz de resolver por la vía legal. Cada caso tiene sus matices, sí, pero todos comparten el mismo veneno de fondo: la sensación de que la justicia no llega, no alcanza o no sirve. Y cuando la ley deja de ser refugio, empieza a crecer la tentación de convertir la desesperación en sentencia.

San Luis Potosí no está inventando este fenómeno, pero sí está mostrando señales preocupantes de que empieza a normalizarlo. En Soledad y Villa de Pozos la mezcla es particularmente delicada: crecimiento urbano acelerado, zonas con vigilancia dispareja, corredores de movilidad cada vez más tensionados y una economía informal y de plataformas que vive en la calle, expuesta y a merced del primer delito de oportunidad. Ahí la prevención no puede seguir siendo una promesa abstracta. Si los robos a repartidores, motociclistas y trabajadores móviles ya son parte de la conversación cotidiana, entonces las autoridades no pueden seguir respondiendo como si cada caso fuera una excepción aislada. Ya hay patrón. Y cuando hay patrón, ya hay obligación de rediseñar la respuesta.

Porque también hay algo profundamente injusto en lo que está ocurriendo; las víctimas están siendo empujadas a convertirse en riesgo jurídico. Un ciudadano que detiene en flagrancia a alguien y lo entrega a la autoridad está en un terreno legal muy distinto al de una turba que golpea, retiene o intenta quemar a una persona. La línea entre defenderse y delinquir puede borrarse en minutos. Y eso es exactamente lo perverso de la omisión institucional; no solo abandona a la gente frente al delito, también la expone a terminar del otro lado de la ley cuando actúa desesperada. En otras palabras, el Estado no solo falla en proteger; también falla en evitar que la víctima termine atrapada en una espiral penal y moral mucho peor.

Ahora bien, quedarse en la pura indignación también sería cómodo y estéril. Si de verdad se quiere desactivar esta deriva, hace falta algo más serio que operativos de ocasión o boletines triunfalistas después del caos. Hace falta reacción inmediata verificable, tiempos de respuesta públicos, mapas de incidencia por colonia, patrullaje preventivo focalizado, protocolos específicos para robos a trabajadores de plataforma y seguimiento real de cada caso. Hace falta también algo que suele despreciarse en la política local como lo es la comunicación honesta. Porque una ciudadanía sin información siempre llenará el vacío con rumor, coraje o espectáculo. Y el rumor, cuando se combina con miedo, es gasolina pura.

También toca exigirle más a las fiscalías y a los gobiernos municipales, pero con precisión. No basta con pedir “más seguridad” como consigna vacía. Hay que pedir resultados medibles: cuántos robos se denuncian, cuántos se judicializan, cuántos terminan en sentencia, en qué colonias se concentran, cuánto tarda en llegar una unidad, cuántas llamadas se caen en el primer contacto. Porque el verdadero escándalo no siempre está en el video del linchamiento frustrado; muchas veces está en la estadística que nunca se transparenta y en el expediente que jamás se explica. La opacidad, al final, también delinque.

Lo de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez no debería leerse como una anécdota de vecinos valientes ni como una celebración de “la gente haciendo lo que la policía no hace”. Ese relato, aunque tentador para el algoritmo, es peligrosísimo. Lo que estamos viendo no es heroísmo cívico; es una sociedad agotada, improvisando orden en medio del vacío. Y cuando la calle deja de esperar a la autoridad, la cuenta regresiva ya empezó. La pregunta no es si habrá otro caso. La pregunta es cuántos más hacen falta para que alguien en el poder entienda que el problema ya no es solo el delito, si no la costumbre de vivir sin Estado, en la impunidad y en la ingobernabilidad.