La Organización de las Naciones Unidas encendió las alertas sobre la crisis de desapariciones en México al solicitar la intervención urgente de la Asamblea General, al considerar que la situación podría constituir crímenes de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada advirtió que este fenómeno en el país no es aislado, sino generalizado y sistemático, sostenido además por altos niveles de impunidad. En su informe más reciente, el organismo señaló que existen más de 52 mil cuerpos sin identificar, además de la proliferación de fosas clandestinas en todo el territorio. Entre las entidades más afectadas destaca Guanajuato, donde el Comité identificó posibles patrones de colusión entre autoridades y grupos criminales, así como detenciones ilegales y el presunto uso de recursos públicos en desapariciones. Las cifras reflejan la gravedad del problema: entre 2017 y 2025, los casos de desaparición en ese estado se multiplicaron por siete. A ello se suma una crisis forense profunda, evidenciada por el hallazgo de 723 fosas clandestinas y la recuperación de 1,352 cuerpos hasta marzo de 2025. A nivel nacional, la dimensión del problema es aún mayor. Según el Comité, en fosas clandestinas se han localizado más de 6,200 cuerpos y cerca de 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar, lo que exhibe el colapso de los sistemas forenses. Pese a estos señalamientos, el Gobierno mexicano rechazó el informe, calificándolo como “tendencioso”, lo que ha generado críticas de colectivos de búsqueda y organismos internacionales que denuncian la falta de resultados y la persistencia de la corrupción. Para la ONU, lo que ocurre en México responde a un patrón extendido de violencia contra la población civil, agravado en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, donde se ha señalado la posible participación o tolerancia de autoridades en algunos casos.

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