Con el propósito de fortalecer las capacidades de las áreas jurídicas estatales y convertir la educación continua en mejores respuestas para la ciudadanía, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y El Colegio de Jalisco firmaron un Convenio General de Colaboración, en Zapopan. Detrás de cada trámite, programa, reglamento o decisión gubernamental existe un trabajo jurídico que incide en la vida cotidiana, por lo que fortalecer la preparación de quienes realizan esta tarea contribuye a prevenir errores, reducir inconsistencias y ofrecer respuestas con mayor claridad y apego a derecho. “Estamos convencidos de que esta alianza potenciará el desarrollo de los servidores públicos y, en consecuencia, la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía”, afirmó Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo. El convenio permitirá impulsar acciones de formación y actualización especializada, intercambiar experiencias, desarrollar investigación conjunta y construir soluciones frente a los retos jurídicos de la administración pública.  El Colegio de Jalisco aportará su experiencia académica para vincular la investigación y la docencia con las necesidades prácticas del servicio público. “Sabemos lo que implica la Consejería Jurídica, son quienes cuidan los intereses y los temas que importan a las y los jaliscienses. Son las abogadas y los abogados de nuestro patrimonio, de todo el bagaje que como Gobierno del Estado y como estado tenemos”, señaló Juan Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Colegio de Jalisco. Para las y los jaliscienses, esta colaboración se traducirá en trámites y servicios con criterios más consistentes, actos de autoridad mejor fundamentados y mayor certeza en su relación con las instituciones. La firma da continuidad a la política de profesionalización de la Consejería Jurídica, que ha concluido tres diplomados especializados y desarrolla dos programas adicionales, junto con seminarios, paneles y ciclos de conferencias sobre derecho administrativo y amparo, justicia para niñas, niños y adolescentes, derecho procesal civil y familiar, ejecución penal, derechos humanos, proceso penal y responsabilidades de la función pública.

Esta estrategia forma parte de la apuesta del Gobierno de Jalisco por hacer de la educación y la preparación constante herramientas para transformar la gestión pública y ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía.