En un acuerdo calificado como de "entera satisfacción" para ambas partes, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) definieron el esquema de dispersión de los recursos estatales para el ejercicio fiscal 2026. Con este pacto, el Gobierno del Estado busca garantizar la estabilidad financiera de la máxima casa de estudios y conjurar cualquier riesgo de incumplimiento en los pagos.

Ariana Vidal, titular de la dependencia, aseguró que hay acuerdo con recibir las ministraciones de forma escalonada, incluyendo una partida extraordinaria clave para el cierre de año.

El esquema: 12 mensualidades y un refuerzo final

La estrategia financiera para la UASLP se dividirá en dos componentes principales para optimizar el flujo de efectivo de la institución:

Se dispersarán 300 millones de pesos en montos iguales durante los doce meses del año.

Se autorizó un monto de 206 millones de pesos adicionales que serán entregados en el último trimestre de 2026.

Este refuerzo para el cierre de año responde a una instrucción directa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el fin de que la Universidad cuente con la liquidez necesaria para cubrir obligaciones críticas como nóminas, aguinaldos y prestaciones de fin de año.

La funcionaria estatal fue enfática al señalar que este calendario de pagos elimina cualquier incertidumbre o fricción administrativa que pudiera haber surgido en ejercicios anteriores respecto a la entrega de la aportación estatal.

"Pueden preguntarle al rector; él está en la misma línea. Con este esquema quedan conjurados riesgos de incumplimientos o interpretaciones erróneas respecto a la entrega de recursos", afirmó Vidal.

Financiamiento mixto para la Máxima Casa de Estudios

Es importante destacar que el presupuesto de la UASLP se compone de un esquema bipartito. A las cantidades pactadas por el Gobierno del Estado, se suman los subsidios concedidos por el Gobierno Federal, los cuales mantienen su propia ruta de dispersión para asegurar que la universidad cumpla con sus funciones sustantivas de educación e investigación.

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Con este anuncio, la administración estatal reafirma su respaldo institucional a la autonomía universitaria, priorizando el orden administrativo para evitar crisis financieras durante los periodos de mayor demanda de recursos.