La Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer el número de denuncias recibidas contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Esto por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Un particular solicitó la información a la FGR, que la clasificó como confidencial. En respuesta la persona presentó un recurso de revisión ante el Inai, caso atraído bajo la ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez. Se llevó a cabo una audiencia en la que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción señaló que no se tiene registro de denuncias o querellas contra López-Gatell. Sin embargo, el comisionado Alcalá Méndez recordó que diversos legisladores presentaron denuncias contra el subsecretario en relación con la atención de la pandemia por COVID-19. La FGR amplió la búsqueda a las Fiscalías Especializadas en materia de Delincuencia Organizada, en materia de Delitos Electorales y en materia de Derechos Humanos, así como a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, las cuales reiteraron no haber localizaron denuncias contra López-Gatell. Por su parte, la Fiscalía Especializada de Control Regional clasificó como confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o no de una denuncia o indagatoria en contra del servidor público. Al analizar el caso, se advirtió que, en principio, la información se puede considerar confidencial, pues darla a conocer implicaría revelar la existencia de procedimientos penales en trámite contra el funcionario, lo cual pudiera dañar su imagen. No obstante, dado que se localizaron diversos comunicados oficiales y notas periodísticas en las que se afirma que las denuncias sí fueron presentadas, la ponencia llevó a cabo una prueba de interés público, para validar si la información puede o no ser publicada. Como resultado de la prueba, se concluyó que el derecho a la privacidad del servidor público debe ceder ante el derecho de acceso a la información, en razón de que tuvo y sigue teniendo una injerencia relevante y esencial en el manejo de la pandemia. Asimismo, se constató que el derecho de acceso a la información es la única vía legal para que cualquier persona, sin acreditar interés legítimo, pueda conocer las denuncias presentadas ante al FGR contra López-Gatell, en su carácter de servidor público. Aunado a ello, al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Adrián Alcalá sostuvo que “si bien la vacunación contra COVID-19 ha contribuido y sigue contribuyendo a mantener en niveles mínimos las hospitalizaciones y registros de defunción, ello no puede coartar de ninguna manera la rendición de cuentas sobre las acciones y omisiones de los responsables del control de la pandemia, en este caso, por interés del particular, del doctor Hugo López-Gatell Ramírez”. Finalmente, se asentó que es clara la necesidad de satisfacer el escrutinio público y la rendición de cuentas frente a la privacidad del funcionario, pues de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “… el umbral de protección al honor de un funcionario público debe de permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones”. Por lo expuesto, el Pleno del Inai revocó la respuesta de la FGR y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, con un criterio amplio, en los archivos físicos y electrónicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional y entregar a la persona solicitante los resultados. Con información de López-Dóriga Digital