Tras tres meses de trabajo conjunto entre el Congreso del Estado de San Luis Potosí y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores locales lograron avanzar en el acuerdo de la creación de un protocolo que permita blindar los procesos de consulta y evitar futuras impugnaciones legales en la entidad.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García, quien reconoció que, pese al avance técnico y jurídico, las consultas obligatorias podrían no realizarse durante este año debido a la falta de recursos económicos.

El legislador explicó que actualmente el Congreso enfrenta limitaciones presupuestales que impiden destinar mayores recursos a estos ejercicios, especialmente después de la aprobación de la llamada “Ley del Plan B”, la cual restringe la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales.

Por su parte, el diputado Héctor Serrano informó que una de las alternativas planteadas consiste en reducir hasta en un 80 por ciento los costos de organización de las consultas, además de explorar un convenio con el Gobierno del Estado para que sea el Poder Ejecutivo quien las lleve a cabo siguiendo el protocolo avalado por la Corte.

No obstante, aclaró que estas opciones aún se encuentran en etapa de análisis y todavía no representan acuerdos definitivos.

Uno de los principales dilemas para el Congreso se centra en la consulta indígena, debido a que está directamente relacionada con temas electorales y resulta necesaria para el proceso rumbo a las elecciones de 2027.

Ante ello, las y los diputados reconocieron que cualquier consulta que llegue a realizarse próximamente ya no alcanzaría a incorporarse dentro de la reforma electoral que está próxima a votarse en San Luis Potosí.

La presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, señaló que uno de los objetivos centrales del nuevo protocolo será establecer con claridad los alcances y temas de las consultas para evitar que, derivado de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, cambien los puntos inicialmente planteados durante el proceso.

La legisladora indicó que el protocolo deberá contar con la validación de la Suprema Corte para garantizar que el Congreso cumpla adecuadamente con su obligación legal de consultar a los sectores involucrados.

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Finalmente, los diputados admitieron que existe una alta probabilidad de que este año únicamente pueda llevarse a cabo una consulta, posiblemente la relacionada con personas con discapacidad o temas educativos, mientras que la consulta indígena podría aplazarse para una etapa posterior, concentrando por ahora los esfuerzos legislativos en la elaboración y aprobación del protocolo.