El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que constituye una nueva señal del giro en las relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

El Departamento del Tesoro confirmó que Rodríguez fue retirada de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el desbloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la posibilidad de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

La medida marca un cambio significativo respecto a la política de sanciones aplicada desde 2018, cuando Rodríguez fue incluida en la lista por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dentro de un paquete más amplio contra altos funcionarios del régimen venezolano.

Situación política actual en Venezuela

La operación militar estadounidense de enero, que culminó con la captura de Maduro y Cilia Flores, provocó un reacomodo del poder en Venezuela y el ascenso de Rodríguez como figura central del régimen. 

Desde entonces, la administración Trump la reconoce como autoridad legítima y ha iniciado un proceso de cooperación en temas estratégicos, especialmente en el sector petrolero.

Este acercamiento se ha traducido en una flexibilización progresiva de sanciones, con el objetivo de facilitar inversiones y estabilizar la economía venezolana, golpeada por años de crisis y aislamiento internacional.

Sanciones a Delcy Rodríguez

Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos el 25 de septiembre de 2018, durante la primera administración de Trump, y posteriormente por la Unión Europea, que la incluyó en un paquete de medidas contra altos funcionarios venezolanos. Su exclusión de la lista SDN representa un giro diplomático, ya que le permite recuperar acceso a activos y participar en transacciones internacionales.

El levantamiento de sanciones refleja un cambio en la estrategia de Washington hacia Caracas, que ahora busca consolidar un marco de cooperación con el nuevo liderazgo venezolano. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de este acercamiento, especialmente en lo relativo al respeto de los derechos humanos y al uso de tecnologías de vigilancia contra opositores.

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Con información de Excélsior