El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres, afirmó que las concesiones mineras anuladas recientemente en Wirikuta no fueron otorgadas por el Estado, luego de que un juez federal ordenara dejar sin efecto 44 títulos dentro de esta zona sagrada. La resolución se derivó de un amparo promovido por el pueblo wixárika, al determinarse que dichas concesiones se entregaron sin un proceso de consulta previa, libre e informada, vulnerando sus derechos como comunidad indígena.

El funcionario explicó que la mayoría de las concesiones mineras en el país son de carácter federal, por lo que el estado no tiene injerencia directa en su otorgamiento. En ese sentido, reiteró que las concesiones anuladas en San Luis Potosí no fueron expedidas por autoridades estatales, aunque reconoció que su impacto sí repercute en el territorio y en las comunidades.

La resolución judicial, resultado de un litigio de más de una década, también establece que cualquier proyecto futuro deberá cumplir con procesos de consulta a los pueblos originarios, además de contemplar medidas de reparación. No obstante, especialistas han advertido que el fallo no elimina por completo la actividad minera en la región, ya que aún existen otras concesiones vigentes.

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Torres reconoció que en San Luis Potosí existen antecedentes negativos en materia minera, como el caso de Cerro de San Pedro, donde la explotación dejó afectaciones severas al entorno. Si bien señaló que el estado no está cerrado a la inversión en este sector, subrayó que debe existir responsabilidad social por parte de las empresas, a fin de evitar daños irreversibles en los ecosistemas.