El conflicto laboral que involucra a una ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí continúa generando reacciones dentro y fuera del sector salud. Leticia Ávila González, enfermera especialista en inhaloterapia, denunció presunto despido injustificado, acoso laboral y represalias tras participar en manifestaciones relacionadas con condiciones internas de trabajo y atención médica en la clínica donde laboraba. De acuerdo con la trabajadora y su representación legal, la rescisión ocurrió después de haber externado inconformidades sobre problemáticas al interior del hospital. La defensa sostiene que el procedimiento administrativo habría sido integrado con declaraciones de personal de confianza y una videograbación presuntamente obtenida de manera irregular, además de señalar que únicamente ella fue sancionada tras los hechos denunciados públicamente. Uno de los puntos que más llamó la atención en el caso fue que, según la versión de la defensa, la notificación del despido ocurrió el mismo día en que Ávila González tenía programada una cirugía renal, procedimiento que finalmente no se realizó. La ex trabajadora aseguró que la situación impactó directamente en su estabilidad económica, emocional y médica luego de más de 11 años de servicio dentro del instituto. El caso ya se encuentra en la vía laboral federal y se prevé una audiencia de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La representación jurídica adelantó que buscarán la reinstalación de la enfermera y no descartaron que el conflicto pueda escalar a otras instancias sindicales y administrativas en caso de no alcanzarse acuerdos durante el proceso. Por su parte, el IMSS emitió un comunicado oficial donde informó que la rescisión laboral se realizó conforme a la normatividad vigente y derivó, según la institución, de conductas contrarias a la legalidad y al Código de Ética de las y los servidores públicos. El instituto también rechazó que la atención médica haya sido suspendida y aseguró que tanto la trabajadora como sus beneficiarios mantienen el acceso a los servicios de salud conforme a la Ley del Seguro Social. Mientras las investigaciones y procedimientos avanzan, el caso ha comenzado a abrir nuevamente el debate sobre el ambiente laboral dentro de instituciones públicas de salud, particularmente en temas relacionados con libertad de expresión, condiciones de trabajo y mecanismos internos de denuncia. Entre trabajadores del sector persiste la percepción de que muchas inconformidades rara vez llegan al espacio público, mientras que este expediente ya se convirtió en un reflejo de las tensiones que pueden existir entre estructura institucional, personal médico y procesos administrativos.