LA ECONOMÍA MEXICANA acaba de recibir una noticia que cualquier secretario de Hacienda hubiera querido presumir hace apenas dos años: la inflación anual cayó a 3.10%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. A ello se suma un crecimiento económico mejor al esperado durante el segundo trimestre y un consumo que sigue mostrando resiliencia, pese a la desaceleración global.

Sobre el papel, el panorama parece favorable; sin embargo, detrás de las cifras que alimentan el optimismo de los mercados existe una realidad mucho más compleja, una que comienza a preocupar en los corredores de la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard; de la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador Zamora, y de la Secretaría del Trabajo de Marath Bolaños.

Porque mientras los indicadores macroeconómicos mejoran, el corazón industrial del país sigue perdiendo fuerza. El empleo manufacturero acumula 40 meses consecutivos de retrocesos.

Puede parecer un dato técnico, pero en realidad refleja un fenómeno mucho más profundo: la dificultad que enfrenta México para mantener el dinamismo que convirtió a la manufactura en uno de los principales motores de crecimiento durante las últimas dos décadas.

La señal más clara proviene del sector automotriz, empresas como General Motors, dirigida en México por Francisco Garza; Ford Motor Company, bajo el liderazgo de Lucien Pinto; Nissan Mexicana, encabezada por Rodrigo Centeno, y Volkswagen de México, comandada por Holger Nestler, observan con cautela el futuro inmediato de una industria que enfrenta simultáneamente menores niveles de producción, pérdida de empleos y una creciente incertidumbre regulatoria derivada de la revisión del T-MEC. Y no se trata de cualquier industria.

El sector automotor representa uno de los pilares de las exportaciones mexicanas, genera cientos de miles de empleos directos y es responsable de atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera. Cuando esta industria desacelera, la señal se extiende rápidamente a toda la cadena productiva, desde autopartistas hasta empresas logísticas instaladas en estados como Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí.

En paralelo, Washington continúa presionando para endurecer las reglas de origen del acuerdo comercial norteamericano. La intención es clara: reducir la presencia de componentes de origen chino en los vehículos producidos en la región.

México intenta mantener el equilibrio. Por un lado, busca preservar la competitividad que lo convirtió en uno de los destinos favoritos del nearshoring. Por otro, necesita evitar que un exceso de requisitos termine encareciendo la producción y reduciendo la llegada de nuevas inversiones.

LA RENEGOCIACIÓN DEL T-MEC comenzó a tomar forma y uno de los principales objetivos de Washington es China. Estados Unidos busca que México replique parte de los aranceles aplicados al acero y aluminio chinos, además de endurecer las reglas de origen para impedir que productos de terceros países aprovechen las ventajas comerciales de Norteamérica. Las conversaciones encabezadas por Marcelo Ebrard y Jamieson Greer también incluyen temas como industria automotriz, agricultura, seguridad económica y valor laboral en las manufacturas. México ya ofreció reducir significativamente sus compras de acero chino y ha elevado aranceles a productos provenientes de países sin tratado comercial. La revisión del T-MEC ya no se limita al comercio regional.

EN MEDIO DE las versiones que rodean a Adán Augusto López, en el Senado la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva parece inclinarse hacia Óscar Cantón. El legislador tabasqueño entendió algo fundamental en la política parlamentaria: los votos no se consiguen con declaraciones, sino con acuerdos. Mientras Higinio Martínez mantiene una estrategia más confrontativa y enfocada en sus diferencias internas con Morena, Cantón ha tejido respaldos dentro y fuera de su bancada, incluyendo a suplentes, gobernadores y distintos grupos de interés. La contienda exhibe dos estilos opuestos de construcción política. Por ahora, los números favorecen a quien dedicó más tiempo al cabildeo que a la confrontación pública. En el Senado, la operación suele valer más que la exposición mediática.

LA HISTORIA DE AHMSA y Minosa sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó corregir las bases de la subasta de activos, al considerar que el esquema presentado por el síndico se aparta de los criterios previamente autorizados. La decisión retrasa un proceso clave para definir el futuro de ambas empresas y, sobre todo, para atender los reclamos de miles de trabajadores y acreedores. El mensaje del juzgado es claro: antes de vender activos, debe existir plena transparencia sobre las reglas del procedimiento y el destino de los recursos ya obtenidos. En el fondo, el caso sigue reflejando la complejidad de una de las mayores crisis corporativas e industriales que ha enfrentado México en los últimos años.

JESÚS MURILLO KARAM consiguió una modificación de las medidas cautelares que enfrenta por el caso Ayotzinapa, al dejar atrás la prisión domiciliaria vigilada para continuar bajo resguardo, con brazalete electrónico y restricciones para salir del país. La decisión judicial no altera los cargos ni el proceso que enfrenta el exprocurador, pero sí reabre una discusión que nunca ha desaparecido de la vida pública mexicana. El argumento del juez se centra en la prolongación del procedimiento penal durante más de dos años sin que los retrasos fueran atribuibles al acusado. Sin embargo, cada movimiento en este expediente inevitablemente revive las exigencias de verdad y justicia por la desaparición de los 43 normalistas. A más de una década de los hechos, el caso sigue marcando la relación entre justicia, política y credibilidad institucional en México.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE