Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, presentan iniciativa de reforma y adición a diversos artículos del Código Penal del Estado, para aumentar los mínimos y máximos de las penalidades del delito de violación, así como adicionar la medida de seguridad el uso de tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y terapia psicológica y/o psiquiátrica, conocido como castración química. El diputado José Luis Fernández, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) dijo que con estas medidas, se busca evitar la reiteración del delito de violación, sin menoscabo de la imposición de terapias psicológicas y/o psiquiátricas, que coadyuven en la disuasión de psicopatías o parafilias y la repetición de la conducta delictiva por parte del victimario. “Tiene que ver con la protección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, porque el delito de violación es el que más agravios genera a la sociedad, que lastima mucho a las víctimas de manera permanente, por lo tanto nosotros consideramos que en San Luis Potosí exploremos al posibilidad de tener normas novedosas e incluso inéditas en el país que puedan generar condiciones para la sociedad y las víctimas que este delito no se cometa y que quien los haya cometido no lo vuelva a cometer, porque el delito de violación es el que mayor índice porcentuales de reincidencia tiene”. Se señala que el objetivo es adicionar la medida de seguridad de castración química, y la terapia psicológica y/o psiquiátrica bajo determinados aspectos para su procedencia, como lo son: la convergencia de agravantes en el hecho criminoso, e informada, médicamente valorada y sugerida. Se señala que el tratamiento médico consiste en la aplicación de fármacos con el propósito de reducir la libido y la reincidencia criminal de aquellas personas sentenciadas por la comisión del delito de violación, su aplicación estará sujeta a factores agravantes y médicamente valorados. Con esta medida se evitará la reiteración de la conducta de las personas sentenciadas, evitando la puesta en riesgo para la víctima, el ofendido y para la sociedad. La medida de seguridad persistirá y se materializará, ante el otorgamiento de algún beneficio preliberacional en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El tratamiento psicológico o psiquiátrico consiste en la aplicación de terapias con la finalidad de que la persona sentenciada identifique, controle y corrija su trastorno psicológico o sociológico, para evitar su reincidencia criminal. Se estima que las medidas de seguridad propuestas están encaminadas de modo inmediato a instrumentar una política criminal que busca prevenir la realización de conductas antisociales como lo es, el delito de violación, a través de una finalidad legítima, debido a que balancea los intereses de la sociedad y los de la persona privada de la libertad y permite la reinserción social de las personas privadas de la libertad, por un lado, y la paz y la seguridad social por otro. La iniciativa detalla que la violación, es una vulneración a los derechos humanos, como el derecho a la integridad corporal, el derecho a la autonomía y a la autonomía sexual, el derecho a la intimidad, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho de la mujer a no sufrir violencia, discriminación, tortura y otros tratos crueles o inhumanos. Añade que esta propuesta permitirá abrir espacios, foros, mesas de trabajo, de análisis, discusión, opinión, empatía con las víctimas, experiencias con los diversos sectores de la población, para que el Congreso del Estado, transite el proceso legislativo, de la mano del pueblo potosino. “Esperamos que a través de la Directiva y de las comisiones, se organice un gran Parlamento Abierto para escuchar a todos y todas quienes se quieran manifestar en este sentido, con la intención que deje de ser una iniciativa de partidos y que se convierta en una norma que nos represente a todos, vamos a hacer lo propio, ponerla en manos de expertos, del sector salud, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidades, académicos, para enriquecer esta norma, que lo que pretendemos es proteger a la sociedad y las victimas”. En cuanto a la actualización de los mínimos y máximos de las penas que corresponden al tipo penal de violación, se busca establecer sanciones que van de diez a veinte años de prisión para quien cometa este delito. La iniciativa será turnada al pleno del Congreso del Estado para de ahí ser enviada a comisiones para sus análisis.