La incertidumbre jurídica y la falta de claridad en las competencias gubernamentales mantienen en jaque a la Zona Industrial (ZI) de San Luis Potosí. Durante un foro convocado por la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, líderes empresariales denunciaron que, aunque cumplen con el pago de impuestos y derechos no reciben a cambio el mantenimiento, la seguridad ni los servicios básicos correspondientes. Onix Ponce Lomas, vicepresidente de Canacintra, fue enfático al señalar que existe un vacío administrativo que afecta la competitividad del polígono: "No hay certeza de a qué orden de gobierno le corresponde cada función. El Ayuntamiento recauda, pero no ejecuta", sentenció. El diputado César Lara Rocha, presidente de la comisión legislativa, reconoció que la falta de delimitación de facultades es una queja legítima de la Alianza Empresarial. Con más de 600 empresas instaladas en un polígono que supera las 2,500 hectáreas, el crecimiento poblacional y comercial ha rebasado la estructura legal vigente. Ante este escenario, los organismos empresariales entregaron un documento con propuestas concretas para la creación de un Reglamento que regule los actos legales y el funcionamiento del área fabril. En el encuentro participaron figuras clave del sector productivo, incluyendo a Imelda Elizalde Martínez (Alianza Empresarial), Rodrigo Sánchez Espinosa (IPAC), Ana María Abascal Sáenz (Coparmex), Salvador Esparza del Pozo (Canacintra) y José Guadalupe Torres Armenta (UUZI).

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