El Congreso de Nicaragua aprobó juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega desde el exterior del país, una decisión que, según la oposición, será utilizada como “herramienta de represión transnacional”. Una reforma al código penal aprobada ayer por unanimidad impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, un delito tipificado como “menoscabo de la integridad nacional” cuya interpretación queda en mano de los tribunales, señalados, igual que el Congreso, de estar controlados por Ortega. La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Ortega. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el Diario Oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés. Con información de Excélsior.