Algunos creen que la posibilidad de qué el Partido Republicano de Donald Trump pierda las elecciones legislativas de noviembre, es la mejor oportunidad para limitar su poder, reducir la agresividad del gobierno estadounidense en lo doméstico y aflojar la presión sobre otros países, en particular sobre el gobierno mexicano.

Es una esperanza que puede chocar con la realidad. De entrada, Trump se ha enfocado en concentrar funciones y poder, lo que le permite dar la vuelta al Congreso mientras ha sometido de hecho al poder judicial.

Es en cierta forma la culminación de una lucha por supremacía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tan vieja como la propia república estadounidense, que al menos por lo pronto va ganando la Presidencia.

Ciertamente, todas las encuestas ahora favorecen la idea de que los demócratas obtendrán la mayoría en las elecciones de noviembre, tal vez hasta en las dos cámaras del Congreso estadounidense. El único problema, sin embargo, es que al margen de cualesquiera otra consideración, las mayorías legislativas son actualmente raquíticas y no van a mejorar mucho en las elecciones de noviembre.

Se espera en todo caso que con mayorías demócratas Trump va a tener algunas dificultades más para obtener sus fines o por lo menos, a enfrentar una mayor oposición formal, verbal, y hasta la posibilidad de investigaciones sobre sus medidas y sus movimientos financieros.

Pero Trump ciertamente no es ni se ha distinguido por un acatamiento absoluto de las leyes y mucho menos las tradiciones políticas.

Los antecedentes lo ayudan. Los problemas del Ejecutivo con el Congreso son viejos, son parte de la tradición y desde los 90 se han hecho particularmente complicados, al grado que ante la creciente trabazón del Congreso los presidentes estadounidenses se han sentido obligados con cierto gusto a gobernar cada vez más a base de órdenes ejecutivas (decretos presidenciales) para lograr sus fines.

Cuando la Suprema Corte de Justicia estadounidense otorgó a Trump inmunidad judicial para sus actos como presidente, prácticamente le dio lo que la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) definió como un pase para hacer lo que quisiera. Y al parecer lo está haciendo.

Ya hace casi 200 años el entonces presidente Andrew Jackson –que el magnate Trump considera ejemplo a seguir– rehusó acatar una orden de la Suprema Corte contra la remoción de tribus indígenas de sus tierras ancestrales.

La decisión de Jackson llevó a lo que hoy se ve como un acto genocida contra los cherokees y una frase que refleja la situación legal: "John Marshall (presidente entonces de la Corte) ha hecho su decisión. ¡Ahora dejemos que la haga cumplir!".

En cierta forma ahí está buena parte del problema: en lo que se refiere al congreso y las posibles mayorías demócratas, Trump seguirá al frente del Ejecutivo, y en Estados Unidos, como en México, el Presidente controla la agenda nacional.

Por José Carreño