La comunicación política tiene una regla simple: no sostengas un argumento que se puede desmontar en 72 horas. Eso es justo lo que ocurrió con la narrativa de la Presidencia, y la Fiscalía General de la República, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales.

El mensaje fue claro desde el principio: “Si tienen pruebas, mándenlas. Aquí se juzga”. El reproche a Washington fue aún más directo: Estados Unidos ha negado entre 36 y 38 solicitudes de extradición a México, usando el mismo argumento de “falta de pruebas”. La idea era la soberanía y la reciprocidad. Funciona en la conferencia mañanera, pero se derrumba, cuando los propios señalados deciden irse a entregar.

¿Qué cambió el tablero?

El lunes pasado, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se presentó voluntariamente ante autoridades de los Estados Unidos. No hubo extradición, no hubo operativo. Fue una entrega voluntaria.

El jueves, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, hizo lo mismo desde Irlanda. Dos figuras clave del gabinete señalado, que prefirieron enfrentar el proceso en territorio estadounidense, antes que esperar el trámite en México.

Con eso, el argumento central se deshace por dos razones:

Si no había pruebas, ¿por qué se entregan? 

Una entrega voluntaria ante una corte extranjera implica asesoría legal, evaluación de riesgo y cálculo de costos. Nadie se expone a un proceso en los Estados Unidos si considera que el caso es insostenible. El gesto manda un mensaje político más fuerte que cualquier comunicado de la FGR.

Se pierde el argumento de reciprocidad. El reproche de que Estados Unidos ha negado entre 36 y 38 extradiciones por “falta de pruebas”, pierde fuerza cuando son los propios exfuncionarios mexicanos quienes eligen el sistema judicial estadounidense. Si la justicia de los Estados Unidos no tuviera sustento, la estrategia lógica sería quedarse en México, y litigar aquí. No fue lo que hicieron.

El costo comunicacional

El gobierno mexicano quedó atrapado, entre dos mensajes contradictorios: hacia afuera: “Respetamos la soberanía, cooperamos, pero exigimos pruebas”. Hacia adentro: “No protegemos a nadie, pero las acusaciones son políticas”.

Las entregas voluntarias validan, de facto, que hay elementos suficientes para que abogados de alto perfil aconsejen a sus clientes presentarse. Eso erosiona la narrativa de “persecución política”, y abre flanco para que la oposición y los medios cuestionen por qué la FGR no actuó antes, con la misma contundencia.

Además, el contraste con las extradiciones negadas por Estados Unidos se vuelve incómodo. En esos casos, México argumentó falta de pruebas para no entregar a solicitados por los Estados Unidos; Ahora, dos exfuncionarios sinaloenses aceptan ir a enfrentar esas mismas pruebas en Estados Unidos, sin que México los entregue. La simetría se rompe.

¿Qué se debió hacer? En crisis de este tipo, hay tres caminos comunicacionales:

Anticípate: Si sabías que Mérida y Díaz podían entregarse, debiste preparar un mensaje que enmarque la acción como “confianza en la cooperación bilateral”, y no como derrota narrativa.

Separa los casos: No mezcles la exigencia de pruebas en el caso Rocha, con el historial de extradiciones negadas. Son expedientes distintos, con estándares distintos. Mezclarlos permitió que el contraste fuera evidente.

Habla de hechos, no de agravios: Cada vez que el mensaje se centra en Estados Unidos no nos manda pruebas, pones a la Fiscalía mexicana en posición defensiva. Es mejor decir: “Abrimos carpeta, pedimos información y actuaremos conforme a la ley mexicana”.

Lo que viene

Las entregas voluntarias no cierran el caso Rocha Moya, pero sí marcan un antes y un después. Para el gobierno federal, el reto es evitar que el caso se convierta en el símbolo de la “narcopolítica” en plena revisión del T-MEC 2026. Para la oposición, es la oportunidad de preguntar: si los exfuncionarios confían más en la corte de Estados Unidos, (una oficina de Nueva York), que en la FGR, ¿qué dice eso del Estado de derecho en México?

La lección es vieja pero vigente: en comunicación de crisis, los hechos siempre alcanzan al discurso. Y cuando los hechos son dos exsecretarios caminando hacia una corte en los Estados Unidos, el mensaje de “falta de pruebas” deja de sostenerse.

POR FERNANDO A. MORA GUILLÉN

X: @Fernando_MoraG

www.fernandomoraguillen.com.mx

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana