En San Luis Potosí, siete trabajadores electricistas fueron privados de la libertad, liberados días después y, dos semanas más tarde, la investigación sigue caminando con esa lentitud burocrática que ya casi se volvió costumbre institucional. La historia, por sí sola, debió encender todas las alarmas: no se trata de perfiles criminales, ni de personajes vinculados al bajo mundo, ni de una “mala compañía” de esas que a veces se insinúan para enfriar la indignación pública. Se trata de hombres que salieron a trabajar. Nada más. Y, justamente por eso, el caso es todavía más grave.

Porque cuando en este país secuestran —o levantan, o retienen, o como quiera nombrarlo la autoridad según la carpeta del día— a personas que simplemente estaban ejerciendo un oficio legal y honrado, lo que se rompe no es solo la seguridad de siete familias: se rompe la idea mínima de normalidad. Lo inquietante aquí no es solo lo que pasó en Matehuala, sino lo que representa. Si le ocurrió a electricistas que iban a cumplir con su trabajo, puede pasarle a un chofer, a un plomero, a un técnico, a un repartidor, a cualquiera que tome carretera o entre a una zona donde el Estado llega tarde, llega poco o de plano no llega.

Y sin embargo, mientras la sociedad sigue procesando el golpe, la investigación parece moverse a un ritmo que no corresponde con la gravedad del caso. Que si se va a trasladar a la capital. Que si aún faltan entrevistas. Que si las víctimas al principio no quisieron hablar mucho. Todo eso puede ser cierto, sí, pero también exhibe algo incómodo: en demasiados casos, la justicia arranca hasta que el impacto mediático obliga a empujarla. Antes de eso, todo suele ser “líneas de investigación”, “integración de datos” y esa colección de frases que en el papel suenan técnicas, pero en la realidad se sienten como tiempo perdido.

También habría que decir algo que rara vez se verbaliza con claridad: una víctima recién liberada no siempre está en condiciones de contar todo desde el primer minuto. Hay miedo, trauma, confusión, posibles amenazas y una desconfianza comprensible hacia la autoridad. Por eso, si la principal apuesta de la investigación sigue siendo “esperar a que ahora sí hablen más”, entonces la pregunta no es solo qué están ocultando los responsables, sino qué tan preparada está la Fiscalía para investigar más allá del silencio de quienes sobrevivieron. Porque la carga de esclarecer no puede recaer únicamente en quienes ya pasaron por el terror.

Lo verdaderamente alarmante no es solo que el caso siga sin respuestas contundentes; es que la lentitud ya parece haberse normalizado incluso en hechos que cimbran a toda una región. Y eso no debería aceptarse. Porque si siete trabajadores pueden desaparecer por horas o días y la verdad seguir empantanada dos semanas después, entonces el mensaje para el resto de la población es brutalmente simple: salir a ganarse la vida también puede convertirse en riesgo, y aun así, la justicia puede tomarse su tiempo. Ahí está el verdadero fracaso. No en la falta de discursos, sino en la falta de urgencia.

¡Hasta mañana!