Aunque no tenga coche, ya lo está sintiendo. Cada ajuste en el precio de los combustibles —o en sus famosos “estímulos”— termina, tarde o temprano, en el bolsillo. No importa si se usa transporte público o a pie: el diésel, ese que pocos voltean a ver, es el que mueve todo el consumo.

Esta semana, la Secretaría de Hacienda volvió a mover las piezas y redujo el subsidio al diésel —que ya suma siete semanas con apoyo—, aumentó el de la gasolina Magna y dejó en ceros la Premium. En términos técnicos suena equilibrado, pero en la práctica no lo es tanto. El diésel es el combustible del transporte de mercancías, y cuando ese “apoyo” baja, el impacto no tarda en trasladarse a precios.

Aquí es donde empieza lo que no se dice. El subsidio no es un regalo, es un amortiguador. Cuando se reduce, no es que el precio baje, sólo deja de contenerse. Y eso significa que el costo real comienza a filtrarse en la cadena, es decir, transporte más caro, logística más presionada, productos que suben poco a poco sin que haya un anuncio oficial que lo explique.

¿Quién gana con esto? En el corto plazo, las finanzas públicas respiran. Menos subsidio implica menos gasto fiscal. ¿Quién pierde? El consumidor, que no siempre lo percibe de inmediato, pero lo paga en cada ticket del súper, en cada kilo de alimento, en cada servicio que depende de un traslado. Es un efecto silencioso, pero constante. Lo más delicado es que se ha normalizado; la narrativa oficial insiste en estabilidad, aunque la realidad es más compleja ya que los precios no explotan, pero tampoco dejan de presionar.

Fallas en nómina

Hay historias que no empiezan en el aula, pero terminan golpeando a quienes están frente al grupo. Lo que hoy viven cientos de docentes de telesecundaria en San Luis Potosí no es un simple “ajuste fiscal”, es el resultado de años de omisiones que, de pronto, se traducen en deudas que van de los 8 mil a los 80 mil pesos, o más. Y la pregunta es inevitable: ¿en qué momento alguien decidió que esto podía pasar sin consecuencias?

El problema tiene nombre, aunque se intente suavizar: nóminas sin timbrar, impuestos retenidos pero no reportados correctamente, trabajadores que “no existían” fiscalmente hasta que fue demasiado tarde. No es un error menor ni reciente. Es una cadena de decisiones —o de negligencias— que dejó a los maestros fuera del radar, sin información, sin advertencias y, sobre todo, sin posibilidad de anticiparse.

Mientras tanto, los maestros enfrentan lo inmediato, una presión económica real, plazos que no esperan y una incertidumbre que no debería existir. No se trata solo de números, sino de confianza rota. De un sistema que exige cumplimiento, pero que falló en lo más básico que es informar, transparentar y actuar a tiempo.

El fondo del problema no está en el SAT ni en el calendario fiscal. Está en la responsabilidad institucional.

¡Hasta mañana!