Hay tragedias que parecen lejanas entre sí, pero en realidad nacen del mismo sitio podrido. Lo de Miguel Ángel Rocha Medina en San Luis Potosí y lo ocurrido en la Preparatoria Makarenko, en Michoacán, no son hechos aislados ni simples “casos lamentables” para causar sensacionalismo. Son el retrato de un país donde las armas ya circulan con una facilidad obscena entre jóvenes y adolescentes, donde la violencia dejó de ser una excepción para convertirse en paisaje, y donde las instituciones siguen llegando tarde, mal y casi siempre obligadas por el escándalo. Que un menor pueda terminar muerto en una fiesta o que otro de 15 años anuncie un ataque horas antes en redes sociales y aun así nadie lo detenga, no habla solo de fallas individuales: habla de un tejido social reventado desde adentro.

Lo más inquietante es que, cuando el horror ocurre, la respuesta oficial sigue siendo la misma receta desgastada: silencio, lentitud, frases huecas y una burocracia que parece diseñada para cansar a las familias. Ahí está el caso de Miguel Ángel: dos meses después, sus padres siguen marchando para exigir algo tan básico como saber qué está pasando con la investigación. Dos meses. Y si tuvieron que salir a la calle, bloquear vialidades y plantarse frente a la Fiscalía no fue por protagonismo ni por “presión mediática”, sino porque la justicia en San Luis Potosí parece moverse únicamente cuando se le exhibe públicamente. Lo grave no es solo la tardanza; lo verdaderamente escandaloso es que la familia se haya enterado más por lo que circula afuera que por lo que informa la propia autoridad.

Y ahí es donde la Fiscalía Estatal queda peor parada de lo que quisiera admitir. Porque cuando una institución no comunica, no esclarece y no actúa con la velocidad que exige un caso donde hay menores, armas y violencia letal, lo que deja no es solo un expediente abierto, deja espacio para la impunidad. ¿Qué se está ocultando? ¿Por qué, si aparentemente hay líneas claras, no hay resultados visibles? ¿A quién protege tanta opacidad? La desconfianza no nace de la nada; se fabrica cada vez que una madre tiene que mendigar avances, cada vez que un padre tiene que marchar para ser recibido, cada vez que la justicia parece más preocupada por administrar tiempos políticos que por responderle a una familia rota.

Pero sería un error reducir todo esto a un problema exclusivo de fiscales lentos o policías rebasados. Lo de fondo es más incómodo: estamos viendo generaciones enteras crecer en una normalidad deformada, donde el acceso a la violencia ya no sorprende, donde la masculinidad se intoxica entre frustración, aislamiento, rabia digital y ausencia de límites, y donde las armas aparecen demasiado cerca, demasiado fácil y demasiado pronto. No estamos hablando solo de seguridad pública, sino de abandono social. De casas donde nadie detectó señales, de escuelas sin herramientas reales para contener, de autoridades que reaccionan cuando ya hay sangre, y de una sociedad que ha empezado a convivir peligrosamente con lo impensable.

Lo peor sería acostumbrarnos. Pensar que esto “pasa” y ya. Que un adolescente asesinado en una fiesta, un joven armado que avisa su ataque en internet o una familia marchando por respuestas son apenas postales sueltas de un país difícil. No. Son advertencias. Y si las seguimos tratando como incidentes desconectados, lo único que haremos será abrirle más espacio a la siguiente tragedia. Porque cuando los jóvenes empiezan a morir o matar en medio de tanta indiferencia, el problema ya no está solo en las calles. El problema está en todo lo que dejamos pudrir antes de que alguien apretara el gatillo.

¡Hasta mañana!