La instalación de un plantón frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y más temprano de un posicionamiento de colectivos y ciudadanos, no debería tomarse como simples protestas o incluso rebajarlo a una pobre politización. Lo que se señala a Giovanna Argüelles Moreno, no es menor, eso sin decir que desde su llegada en 2022 es reiterado el señalamiento de presuntas omisiones en la atención de víctimas, además de preferencias en las quejas.

Las denuncias apuntan a sectores que requieren protección prioritaria: víctimas de trata, pueblos originarios, personas con discapacidad y madres buscadoras. No son asuntos menores ni expedientes que puedan permanecer indefinidamente en espera. Detrás de cada queja hay personas que buscan justicia, acompañamiento y, en muchos casos, respuestas que otras autoridades tampoco les han dado.

La CEDH existe precisamente para vigilar que el poder no atropelle derechos y para defender a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, las acusaciones deben investigarse con seriedad, sin descalificar a quienes protestan ni dar por probadas responsabilidades antes de revisar los hechos.

Giovanna Argüelles y el organismo tienen la obligación de explicar cómo se atienden estos casos, qué rezagos existen y qué medidas se han tomado. La transparencia no puede limitarse a comunicados ni la defensa de los derechos humanos convertirse en un trámite burocrático.

Una comisión que no escucha a las víctimas pierde credibilidad y debilita su razón de ser. La respuesta no debe ser el silencio, sino una revisión pública, objetiva y verificable de los señalamientos. En derechos humanos, la confianza no se exige: se construye con resultados, y esta comisión parece que no ha escuchado esa primisa.

¡Hasta mañana!