El diputado Héctor Serrano Cortés presentó una serie de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley Electoral del Estado y la Ley de Control de Confianza del Estado con el objetivo de impedir que personas vinculadas al crimen organizado accedan a cargos públicos en San Luis Potosí.

El legislador explicó que las propuestas buscan establecer mecanismos de certificación y control de confianza para quienes aspiren a cargos de elección popular, incluyendo pruebas toxicológicas, exámenes patrimoniales, polígrafo y evaluaciones de confiabilidad. Señaló que estas medidas pretenden cerrar el paso a posibles infiltraciones del crimen organizado dentro de las instituciones públicas.

Serrano Cortés aseguró que la preocupación por la presencia de grupos delictivos dentro de estructuras políticas y de gobierno ha ido creciendo entre la sociedad y distintos sectores públicos, por lo que consideró necesario abrir el debate y avanzar en mecanismos de revisión para quienes participen en la vida pública.

El diputado sostuvo que este tipo de evaluaciones no representan una medida extraordinaria, pues recordó que durante su paso por la administración de Marcelo Ebrard en 2012, él mismo fue sometido a procesos de certificación en el entonces CISEN, los cuales calificó como mecanismos científicos para evaluar la probidad de los funcionarios.

Asimismo, pidió que no exista temor entre quienes aspiren a participar en procesos electorales, al afirmar que las personas sin vínculos ilícitos no tendrían inconvenientes en someterse a las pruebas. Incluso planteó que la certificación pueda mantenerse bajo un esquema voluntario y no obligatorio.

Sin embargo, la propuesta provocó reacciones entre ciudadanos y actores políticos, principalmente por el temor de que una dependencia estatal sea la encargada de aplicar los exámenes de control y confianza, lo que advirtieron, podría poner en riesgo la imparcialidad y la no intervención del gobierno en los procesos electorales rumbo a 2027.

Entre las principales inquietudes expresadas se encuentra la posibilidad de que las evaluaciones puedan utilizarse con fines políticos o como un mecanismo para bloquear candidaturas incómodas, especialmente al tratarse de un proceso ligado directamente a instituciones gubernamentales.

Ante estas críticas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó la iniciativa impulsada por Serrano Cortés, aunque reconoció la necesidad de ampliar la participación de instancias federales para garantizar mayor confianza y transparencia.

Gallardo Cardona planteó que la (FGR) también debería intervenir en la aplicación de pruebas como polígrafo y exámenes de control y confianza para quienes aspiren a cargos federales. Mientras tanto, para los puestos de carácter local, consideró que las evaluaciones podrían mantenerse a cargo del (C3 CECCE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

El mandatario estatal rechazó que exista un conflicto de interés en la participación del C3 estatal, aunque añadió que quienes desconfíen del proceso local podrían optar por realizar sus evaluaciones ante la propia FGR, buscando así brindar mayor certeza tanto a candidatos como a la ciudadanía.