San Luis Potosí, SLP.- El Paquete Económico 2027 plantea una consolidación fiscal limitada, mientras mantiene un déficit elevado y una trayectoria creciente de la deuda pública, escenario que podría convertir un desequilibrio inicialmente coyuntural en un problema estructural para las finanzas del país, advirtió Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para Así las Cosas, el especialista explicó que el análisis del paquete debe partir precisamente de la consolidación fiscal, pues, si bien se prevé cerrar 2026 con un déficit equivalente al 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), consideró que el nivel continúa siendo elevado y su reducción avanza a un ritmo menor al esperado.

En contraste, Ocampo apuntó que las perspectivas de crecimiento económico muestran un escenario más moderado, con un rango cercano al 2 por ciento para 2026 y de 1.5 por ciento para 2027. No obstante, a su juicio, estas previsiones resultan difíciles de conciliar con algunos incrementos planteados dentro del presupuesto, que alcanzan hasta 6 por ciento.

Al respecto, recordó que el déficit público se elevó hasta alrededor de 6 por ciento del PIB en 2024, en medio del esfuerzo por concluir las obras emblemáticas de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En aquel momento, añadió, el incremento fue presentado como una situación coyuntural y se esperaba posteriormente regresar a niveles cercanos al 3 por ciento.

Sin embargo, sostuvo que México se ha mantenido alrededor del 4 por ciento y, conforme a lo planteado actualmente, el objetivo de alcanzar un déficit de 3.5 por ciento no llegaría sino hasta 2030. Bajo estas condiciones, consideró que el desequilibrio comienza a adquirir características estructurales.

En consecuencia, el director de Desarrollo Económico del IMCO puso atención en las expectativas de recaudación, pues detalló que los ingresos registran un crecimiento acumulado de apenas 0.9 por ciento durante 2026, por lo que estimó complicado transitar hacia un incremento de 5.9 por ciento para el próximo año.

Por otra parte, Ocampo señaló que la decisión de no crear nuevos impuestos obliga a encontrar otras fuentes para financiar los objetivos planteados en el presupuesto. Por consiguiente, indicó que una parte importante de las necesidades terminará cubriéndose mediante deuda y estimó que las vías de financiamiento del Gobierno Federal requerirán alrededor de 1.56 billones de pesos.

En cuanto al endeudamiento, precisó que la deuda pública alcanzaría aproximadamente 56 por ciento del PIB en 2027 y aclaró que este nivel, por sí mismo y para una economía del tamaño de la mexicana, no necesariamente representa una señal de alerta inmediata; el problema, puntualizó, radica en que forme parte de una tendencia sostenida.

Así, refirió que si 2026 termina alrededor de 54 por ciento del PIB y el siguiente año aumenta a 56 por ciento, mantener una trayectoria semejante podría llevarla posteriormente a niveles de 58 y 60 por ciento. Por ello, enfatizó que resulta indispensable devolver las finanzas públicas a una senda sostenible para evitar que el endeudamiento continúe acumulándose.

Finalmente, Óscar Ocampo expuso que el margen para realizar ajustes presupuestarios también es reducido, pues ocho de cada diez pesos del gasto ya se encuentran comprometidos, de modo que únicamente alrededor del 20 por ciento puede reasignarse.

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Entre las obligaciones que restringen esta flexibilidad mencionó las transferencias destinadas a las entidades federativas, el servicio de la deuda y los programas sociales que, después de las reformas impulsadas durante la administración de López Obrador, cuentan con protección constitucional. En consecuencia, concluyó que el espacio disponible para recortar, reasignar recursos o atender nuevas prioridades se vuelve cada vez más estrecho.