Hablar de desigualdad de género en México suele activar una reacción automática: indignación moral, consignas y un relato cerrado donde la explicación siempre es la misma: opresión estructural masculina. Sin embargo, cuando uno revisa los datos estadísticos de los últimos tres años, la fotografía es más compleja —y menos cómoda— que la narrativa dominante. No se trata de negar brechas reales, sino de preguntarnos si toda diferencia es, necesariamente, producto de una injusticia sistémica o si parte de ella responde a decisiones individuales, preferencias y proyectos de vida distintos.

Tomemos educación. Según datos del INEGI y la SEP (2022–2024), las mujeres en México ya superan a los hombres en matrícula y conclusión de educación media superior y superior. En licenciatura, la presencia femenina ronda el 53% del total, y en varias áreas como salud, educación y ciencias sociales, la mayoría es amplia. En abandono escolar, los hombres presentan tasas ligeramente superiores en secundaria y media superior. Si el sistema estuviera diseñado para excluir a las mujeres, ¿cómo explicar que hoy ellas no solo accedan más, sino que concluyan más estudios que los varones?

En el mercado laboral, la discusión suele centrarse en la brecha salarial. Es cierto que, en promedio, el ingreso mensual de las mujeres es menor que el de los hombres. Pero el promedio no distingue variables fundamentales: horas trabajadas, sectores económicos, tipo de contrato, interrupciones laborales por maternidad o preferencia por jornadas parciales. Cuando se ajustan estos factores, la brecha se reduce significativamente. Además, en el sector público federal y en múltiples entidades, los tabuladores salariales son idénticos para hombres y mujeres en el mismo puesto. El salario no depende del género, sino del cargo.

Otro dato poco citado es el de la violencia letal. En los últimos tres años, más del 85% de las víctimas de homicidio doloso en México han sido hombres. Esto no invisibiliza la gravedad de los homicidios en mujeres —que deben atenderse con firmeza—, pero sí cuestiona la idea de que vivimos en un sistema que privilegia sistemáticamente la vida masculina. La violencia estructural no distingue únicamente por género; en muchos casos, golpea con mayor crudeza a los hombres jóvenes en contextos de criminalidad.

En el ámbito familiar, la narrativa suele afirmar que las mujeres cargan con el trabajo doméstico no remunerado por imposición cultural. Es un hecho que dedican más horas a estas tareas. Pero también es cierto que, según encuestas recientes de uso del tiempo, una proporción importante de mujeres declara preferir esquemas laborales flexibles o jornadas reducidas para priorizar la crianza. ¿Es toda elección influida por contexto social? Sin duda. Pero asumir que cada decisión femenina es resultado exclusivo de opresión elimina la agencia individual y convierte a las mujeres en sujetos pasivos sin capacidad de elección.

Aquí es donde los argumentos para distinguir entre desigualdad y discriminación resultan provocadores. La primera describe diferencias en resultados; la segunda implica trato injusto ante la ley. En México, la Constitución y el marco jurídico prohíben explícitamente la discriminación por género. Existen cuotas políticas, programas específicos de apoyo y paridad obligatoria en cargos públicos. El Congreso es hoy uno de los más paritarios del mundo. Si el sistema fuera inherentemente opresor, estos avances serían imposibles.

El verdadero debate, entonces, no es si existen brechas —existen—, sino cómo interpretarlas. ¿Son prueba inequívoca de dominación “patriarcal” o reflejan, en parte, decisiones diferenciadas? En países con altos niveles de igualdad legal y económica, como los nórdicos, las diferencias en elección de carreras entre hombres y mujeres no desaparecen; en algunos casos se acentúan. Más mujeres optan por áreas de cuidado; más hombres por ingenierías y oficios técnicos. La igualdad de oportunidades no garantiza igualdad de resultados, porque la libertad implica diversidad de preferencias.

En México, el riesgo de absolutizar la narrativa de opresión es doble. Primero, invisibiliza problemas que afectan mayoritariamente a hombres, como el abandono escolar o la exposición a violencia letal. Segundo, reduce el debate público a una confrontación ideológica donde cuestionar cifras o matices equivale a negar beneficios legales o sociales (algunos los llaman derechos). La igualdad ante la ley ya está consagrada; lo que debemos proteger ahora es la libertad para que cada persona elija su proyecto de vida sin que el Estado imponga un modelo de realización obligatorio.

Eso no significa abandonar políticas contra la violencia o la discriminación real. Significa reconocer que la emancipación no consiste en homogeneizar trayectorias, sino en garantizar que cada quien pueda decidir la suya. Una mujer que elige priorizar la maternidad no es víctima automática de opresión; un hombre que decide no cursar estudios universitarios no es prueba de privilegio estructural. La libertad produce diversidad, y la diversidad produce diferencias.

Reducir toda desigualdad a injusticia estructural puede ser políticamente rentable, pero empobrece el análisis. Si de verdad queremos un país más justo, debemos diferenciar entre barreras legales —que deben eliminarse— y resultados distintos que emergen de elecciones personales. Defender la igualdad jurídica y la libertad individual no es negar la dignidad de nadie; es, precisamente, afirmar que hombres y mujeres son capaces de decidir su propio destino.

En última instancia, el debate sobre género en México debería centrarse menos en la contabilidad de agravios y más en la ampliación de libertades. Porque una sociedad verdaderamente igualitaria no es aquella donde todos terminan en el mismo lugar, sino aquella donde todos pueden elegir, sin coerción, hacia dónde quieren ir con toda la responsabilidad que sus decisiones – para bien o mal – conlleven.

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* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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