Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) y la cancillería solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos pruebas sólidas de que el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza están vinculados al narcotráfico, el Congreso de la Unión, queda en espera también de recibir dicha información.

Lo anterior, porque correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos, a fin de retirarles la inmunidad procesal, es decir el fuero, para que pudieran ser detenidos, enfrentar a la justicia mexicana y, en su caso, si las pruebas son contundentes, ser extraditados hacia Estados Unidos.

El fuero constitucional protege a gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, consejeros del INE, y secretarios de despacho, entre otros.

En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si procediera el desafuero en la Cámara de Diputados, el Senado de la República tendría que desaparecer los poderes en la entidad y nombrar a un gobernador sustituto.

El desafuero o declaración de procedencia es un proceso parlamentario ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero a los funcionarios públicos y representantes populares, permitiendo, así, su procesamiento penal por delitos federales.

Proceso de desafuero

El proceso para retirarle el fuero a algún funcionario público pasa por una serie de pasos:

La Fiscalía General de la República o el Ministerio Público presenta una denuncia ante la Cámara de Diputados.

La solicitud pasa a la Sección Instructora, integrada por cuatro diputados, y esta subcomisión revisa el caso, practica diligencias y da derecho de audiencia al acusado.

Tras 60 días hábiles, emite un dictamen indicando si hay elementos para proceder penalmente. Acto seguido, el Pleno de la Cámara de Diputados se erige en Jurado de Procedencia para votar el dictamen de desafuero.

Si la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los legisladores aprueban el desafuero, el funcionario queda separado de su cargo inmediatamente y sujeto a los tribunales ordinarios.

Si es un funcionario local, como un gobernador, por ejemplo, el Congreso local de la entidad debe ratificar la remoción.

Desaparición de poderes

En este caso, si el gobernador de un estado es llevado ante la justicia por delitos federales o locales, el Senado de la República tiene que decretar la desaparición de poderes en la entidad, ante la ausencia del mandatario estatal y nombrar a un gobernador provisional, en tanto se organizan nuevas elecciones.

El Senado ejerce control parlamentario sobre las acciones del gobierno, lo que incluye la supervisión de casos de seguridad nacional o conductas ilícitas de altos funcionarios como gobernadores, que podrían derivar en responsabilidades penales.

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Con información de Excélsior