La Corte Penal Internacional (CPI) tachó este miércoles de "ataque flagrante" a su independencia las sanciones que Estados Unidos dictó contra su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, una medida criticada por la UE y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La corte, con sede en La Haya, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.

Las sanciones fueron anunciadas el martes por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución "politizada", y afectan también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.

La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadunidense, que tiene un alcance global.

La corte fustigó las sanciones como un "ataque flagrante" a su independencia. "Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (...) socavan el Estado de derecho", añadió la corte.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones como "inaceptables" y llamó a los Estados a que defiendan las instituciones que crearon para "defender los derechos humanos y el Estado de derecho".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicaron este miércoles que apoyan "firmemente" a Tomoko Akane, que debe poder "actuar con toda independencia y sin presión exterior".

El gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de "muy desafortunada".

Para el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, los magistrados sancionados "se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal.

Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.

El gobierno de Países Bajos dijo que "desaprueba" las sanciones, una condena a la que sumaron Alemania y Francia, que afirmó que estas medidas "constituyen un ataque contra la Corte y contra los 125 Estados partes del Estatuto de Roma, y son contrarias al principio de independencia de la justicia".

España también deploró el anuncio y destacó que la Corte "desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas".

Israel, en el punto de mira

La Casa Blanca ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, ya fallecidos.

Washington lanzó una ofensiva diplomática contra el tribunal hace un mes, al acusarlo de "amenazar" a estadunidenses.

En un mensaje en X el martes, Netanyahu aplaudió las sanciones y calificó a la CPI como un tribunal "que disfraza su abuso de poder con el lenguaje del derecho internacional".

Chad y Venezuela -ahora un país cercano a Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro- anunciaron su intención de dejar la CPI. Rubio expresó su confianza en que otros países hagan lo mismo.

"Inquebrantable"

"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato", declaró Rubio en el comunicado.

Pero el tribunal aseguró que continúa "inquebrantable".

Sin embargo, los choques de la CPI no han sido solo con Estados Unidos.

La jueza Akane, de 70 años, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú respondió con sus propias órdenes de detención contra altos funcionarios de la CPI.

Entre estas órdenes figuraba la magistrada Akane, elegida presidenta del tribunal en marzo de 2024.

"Aunque un juez muera, es fácil reemplazarnos, así que en realidad no tiene sentido que nos tomen como objetivo", había dicho la magistrada tras el anuncio ruso.

En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos han tomado acciones legales contra las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a la Corte.

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Con información de Excélsior