El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece límites a las pensiones y jubilaciones de servidores públicos, con lo que la entidad se convierte en una de las primeras en respaldar esta modificación a nivel nacional.

La aprobación se llevó a cabo en sesión extraordinaria, luego de que el dictamen fuera revisado en comisiones minutos antes de su presentación ante el pleno. La propuesta, enviada por la Cámara de Diputados como parte del proceso de reforma constitucional, plantea que las pensiones de funcionarios y trabajadores de organismos públicos no podrán superar el 50% de la remuneración anual del titular del Poder Ejecutivo correspondiente.

Durante el análisis previo, el diputado Carlos Arreola Mallol señaló que la intención es frenar el crecimiento del gasto público en este rubro, al considerar que existen casos donde las pensiones alcanzan montos muy por encima de lo que percibe la mayoría de la población, pese a financiarse con recursos públicos.

El dictamen contempla excepciones, como las pensiones de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de cuentas individuales de ahorro para el retiro, las financiadas mediante aportaciones sindicales en esquemas complementarios y los apoyos no contributivos vinculados a programas sociales.

Asimismo, se establece que las pensiones que excedan los nuevos límites deberán ajustarse una vez que la reforma entre en vigor, lo que ha generado discusión sobre su posible aplicación a casos previos. En este sentido, se argumentó que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitirían este tipo de efectos en reformas constitucionales.

El documento aprobado destaca que el objetivo no es eliminar el derecho a una pensión, sino fijar topes para evitar pagos desproporcionados con cargo al erario, bajo principios de austeridad y responsabilidad financiera. También se prevé que tanto el Congreso federal como los congresos estatales deberán adecuar sus leyes para armonizarlas con esta nueva disposición.

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Esta reforma surge en medio de un debate nacional sobre el costo de las pensiones en organismos públicos y empresas del Estado, donde se han detectado casos con montos elevados. En este contexto, el coordinador del Partido Verde en el Congreso local, Héctor Serrano, respaldó la medida al considerar necesario reducir lo que calificó como pensiones excesivas financiadas con recursos públicos.