En México hemos normalizado que la escuela deje de ser el centro del debate educativo para convertirse en instrumento de negociación política. Durante la última década, la escolarización —especialmente en estados del sureste— ha sido utilizada como moneda de cambio en disputas entre la autoridad federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El problema no es la protesta en sí, sino que el costo real de cada paro, cada cierre y cada presión presupuestal lo pagan los alumnos, particularmente en lectura y matemáticas, donde los resultados no resisten el contraste con el discurso oficial.

Si revisamos las evaluaciones nacionales e internacionales de los últimos diez años, el patrón es consistente. En pruebas como PLANEA y, más recientemente, PISA 2022, los niveles de logro en matemáticas y comprensión lectora en entidades del sureste —Oaxaca, Chiapas y Guerrero— se ubican sistemáticamente por debajo del promedio nacional. En algunos casos, más del 70 porciento de los estudiantes se concentran en los niveles más bajos de desempeño en pensamiento matemático. Mientras la Nueva Escuela Mexicana (NEM) plantea un horizonte de formación integral, la realidad empírica muestra rezagos acumulados en habilidades básicas. No se puede construir ciudadanía crítica sobre cimientos frágiles en lectoescritura y cálculo elemental.

Aquí aparece la falacia narrativa: se argumenta que la resistencia sindical protege la educación pública frente a un supuesto desmantelamiento neoliberal. Sin embargo, los datos no muestran mejoras sostenidas en aprendizaje asociadas a estos ciclos de presión política. Por el contrario, cada interrupción prolongada del calendario escolar impacta con mayor severidad a quienes no cuentan con capital cultural en casa para compensar el tiempo perdido. La desigualdad que se denuncia termina ampliándose en la práctica.

En paralelo, la demanda de regresar al llamado décimo transitorio en materia de pensiones —que permitiría esquemas más favorables similares al régimen anterior— se coloca como condición política central. El problema es aritmético antes que ideológico. México enfrenta un aumento sostenido en la esperanza de vida y una disminución clara en la natalidad. Hay menos niños ingresando al sistema educativo y más jubilados que deberán ser financiados por una base laboral relativamente más pequeña. El modelo clásico de reparto, donde trabajadores activos sostienen a los pensionados, es insostenible. Exigir ampliarlo no es una defensa del magisterio; es una promesa financieramente inviable.

Los sistemas de pensiones en todo el mundo han debido ajustarse precisamente por esta transición demográfica. Ignorar esa realidad en nombre de la justicia histórica puede ser políticamente rentable a corto plazo, pero fiscalmente irresponsable a mediano plazo. Si la matrícula escolar decrece y la pirámide poblacional se invierte, insistir en beneficios sin revisar la sostenibilidad del esquema equivale a trasladar la factura a generaciones más pequeñas y con menor capacidad contributiva.

Mientras tanto, la discusión pedagógica queda subordinada a la lógica corporativa. En lugar de debatir cómo mejorar la enseñanza de matemáticas en contextos rurales o cómo recuperar aprendizajes tras la pandemia, la conversación pública gira en torno a plazas, control administrativo y pensiones. La escolarización deja de ser un derecho centrado en el estudiante para convertirse en herramienta de presión institucional.

Frente a este escenario, algunos economistas liberales como Javier Milei o Juan Ramón Rayo han defendido la idea de los vouchers educativos: financiamiento público directo a las familias para que elijan la escuela que mejor responda a sus expectativas. Más allá de simpatías ideológicas, el argumento introduce una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si el poder de decisión se desplazara del aparato sindical y burocrático hacia los padres? La competencia por atraer estudiantes obligaría a cada escuela a mostrar resultados, no solo lealtades políticas.

La libertad de elegir proyecto de vida no aplica únicamente al individuo adulto; también debería extenderse a las familias respecto a la educación de sus hijos. Cuando la escolarización se vuelve rehén de disputas corporativas, esa libertad se reduce. Los padres en regiones con bajo desempeño académico no tienen margen real de decisión: deben aceptar el servicio disponible, aunque los resultados acumulen rezago.

La Nueva Escuela Mexicana, como los modelos anteriores, aspira a un cambio cultural. Pero ningún modelo pedagógico prosperará si el tiempo efectivo de clase es intermitente y si los incentivos institucionales priorizan la negociación política sobre el aprendizaje medible.

El desafío es doble. Por un lado, reconocer que el sistema de pensiones necesita soluciones sostenibles, no regresos nostálgicos a esquemas inviables. Por otro, devolver el centro del debate a los estudiantes y sus aprendizajes fundamentales. La educación pública no puede seguir funcionando como moneda de cambio. Si de verdad creemos en la libertad y la dignidad de las personas, debemos empezar por garantizar que cada niño, sin importar su origen, desarrolle las herramientas necesarias para decidir su propio futuro. Todo lo demás es retórica vacía y ruidosa.

- - -

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje AC.

 X: @FhernandOziel

 Facebook: @haprendizaje