El Gobierno del Estado ha clausurado diez anexos que operaban como centro de rehabilitación bajo la clandestinidad, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en San Luis Potosí. "Las personas incluso se encuentran en contra de su voluntad, hay muchas inconsistencias, pero el señor gobernador no va a permitir este tipo de situaciones ni abusos". Indicó que al interior del estado son 300 anexos los que se tienen identificados, mientras que tan solo en la zona metropolitana se han registrado 72. "Estos 72 nosotros ya los hemos emplazado y notificado que tienen que regularizarse de una forma rápida e inmediata", sostuvo. Expuso que se han detectado que estos anexos se instalan en casas habitación, y tienen la modalidad que operan dos o tres meses y luego se cambian de lugar, "por eso es poquito complicado tenerlos perfectamente ubicados o el padrón". Aún así, aseguró se tuvo una reunión con Salud, gobernación, autoridades de la Coepris para tomar acciones al respecto, sin embargo, destacó "el primer respondiente de estos anexos es el ayuntamiento de la capital". "Estamos monitoreando las diferentes instituciones, los diferentes Secretarías y daremos un dictamen. Aquellos que no cumplan no podrán estar operando", añadió.

Dijo que entre las irregularidades es que no cuentan con médico, con trabajo social por parte de la Secretaría de Salud; no cuentan con medidas se seguridad, con extintores, rutas de evacuación. Sobre el incidente reciente, dijo que está en proceso la Fiscalía General del Estado, ya hay responsables, "sí hay una persona que tenía las llaves y no les permitía la salida, sin embargo eso ya lo definirá la Fiscalía".