El apellido, judío alemán, debería pronunciarse “Guelman”. Pero aquí la mayoría se acoge a un “Jelman” castellanizado, homófono con aquella mayonesa detonadora de sonrisas. No pude evitar recordar el lema publicitario al escuchar a la secretaria de Cultura Claudia Curiel pronunciar en el programa de Gabriela Warkentin un Guelman apropiadamente germánico, preámbulo de una alocución nada sonriente. “¿Se va de México o no se va de México?”, preguntó la periodista sobre la colección de arte del productor de cine Jacques y su esposa Natasha, polémica desde su adquisición por la familia Zambrano y su resultante gestión por el español banco Santander. “Hemos visto a colectivos de artistas, de curadores, de expertos decir ‘No se puede ir porque ahí hay obras que no deberían salir del país. La presidenta de la República ya dijo que, aunque no tenía toda la información, a ella le interesa que la colección se quede en México. ¿Qué se puede decir de esto, secretaria?”. Dada la cordialidad del tono, nada anticipaba la respuesta:

Por principio la mala información, ¿no?

Quienes hemos seguido de cerca el asunto terminaríamos por entender que la ira de una Curiel francamente atrabancada iba dirigida no a su interlocutora sino a los profesionales de la cultura firmantes de una carta abierta que cuestiona con razón la declaración de un funcionario del banco sobre la “presencia permanente pero dinámica” en un recinto cántabro de una colección entre las que se cuentan decenas de piezas amparadas por ordenamientos que obligan a su sede en nuestro país y regulan los plazos para su itinerancia extranjera.

La historia de la propiedad de la Colección Gelman da para una serie de Netflix. Es, sin embargo, asunto privado, por lo que las autoridades culturales mexicanas no son responsables de su gestión ni de su preservación, y pueden poco más que vigilar que éstas transcurran conforme a derecho, y eso cuando son avistadas de ello. En un contexto en que los propietarios de las obras parecerían haberlas cedido en comodato temporal al banco extranjero que al parecer ha financiado la compra (mi fraseo especulativo deriva de la opacidad: no sé más que lo que me han chismeado), el gobierno ha hecho bien en gestionar una buena exhibición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en recordar que los cuadros no pueden estar fuera del país más de 5 años a la vez. Ello, sin embargo, no menoscaba el derecho –y acaso la obligación– de la sociedad civil a presionar para que quienes detentan y custodian piezas protegidas transparenten los mecanismos de su gestión y para que la autoridad asuma un rol proactivo en ello.

La gestión patrimonial de la autoridad cultural ha sido algo tardía y dubitativa pero no omisa ni insolvente; lo de la rendición de cuentas se les da menos bien.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

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