FUENTES CERCANAS A las reuniones técnicas de las negociaciones del T-MEC, en el tema laboral entre los gobiernos de México y Estados Unidos, revelan que hay acuerdos importantes. No se va a negociar un nuevo capítulo 23 del acuerdo trilateral, pero las exigencias del gobierno de Donald Trump para México serán mayores.

Los Tribunales Laborales de México y, en particular, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo deben reducir tiempos de aplicación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones.

Y es que la actuación de Alfredo Dominguez Marrufo está cuestionada por su parcialidad en las decisiones respecto a algunos gremios, caso particular del SNAC (Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio), que dirige Alejandro Martínez Araiza.

A este funcionario de la Secretaría del Trabajo se le cuestiona por su falta de carácter en el cumplimiento de la ley, respecto a la administración de 500 millones de pesos, producto de las cuotas sindicales de los trabajadores de la industria de alimentos.

Es cierto que Dominguez Marrufo exigió (19 de mayo registro 4232 expediente 10/02788) a Martínez Araiza, que informara a los trabajadores del SNAC el destino de recursos millonarios.

Pero por la falta de rigor por parte de la autoridad con el líder sindical, los trabajadores desconocen desde hace siete años cuál es el destino mensual de los recursos que recauda el SNAC y que no informa ni a la autoridad ni a los trabajadores.

Por si fuera poco, el SNAC carece de patrimonio propio y sus agremiados han sido testigos de cómo el sindicato fundado por el papá, Marco Antonio Martínez Armenta, ha servido de caja chica para la familia, quienes retienen el control desde hace 60 años y mantienen a raya, o a su conveniencia a cambio de favores, a su Comité Ejecutivo Nacional.

En estos días algunas empresas internacionales, particularmente de Estados Unidos, están pidiendo que se revise la permanencia de Dominguez Marrufo al frente del Centro de Conciliación, porque consideran que hay cierto tipo de complicidad con la no rendición de cuentas de ése y otros líderes sindicales.

Mejor muestra de que hay una campaña para que Dominguez Marrufo permanezca al frente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral son los desplegados publicados en algunos medios de comunicación, pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, que el funcionario continúe en el cargo.

Estas fuentes de información del sector privado de México y Estados Unidos advierten que en la reunión del próximo 20 de julio, el laboral será uno de los temas técnicos a tratar.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Representación Comercial que comanda Jamieson Greer, van a insistir en que las elecciones sindicales se realicen mediante voto personal, libre y secreto, sin interferencia de empresas, sindicatos tradicionales o autoridades.

Y en fortalecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), pues Estados Unidos considera que ha funcionado y quiere conservarlo como una herramienta eficaz para resolver denuncias de violaciones a la libertad sindical en plantas específicas.

POR CIERTO QUE la próxima revisión del T-MEC podría convertirse en un punto de inflexión para la relación comercial entre México y Estados Unidos. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, adelantó que Washington buscará endurecer algunas disposiciones del acuerdo con el objetivo de reducir el déficit comercial que mantiene con México y fortalecer la producción manufacturera dentro de su territorio. Entre los temas que estarían sobre la mesa de su contraparte mexicana, Marcelo Ebrard, destacan reglas de origen más estrictas y posibles mecanismos comerciales que incentiven la relocalización de inversiones hacia Estados Unidos. El funcionario aseguró que la estrategia responde a la necesidad de corregir desequilibrios comerciales que, a juicio de su gobierno, afectan a la economía estadounidense. Estas declaraciones anticipan una negociación más compleja en la revisión del tratado, especialmente para sectores clave como el automotriz y manufacturero.

LA PRESIDENTA CLAUDIA Sheinbaum estuvo el fin de semana en Tulum, un destino turístico que en tan sólo tres años, de 2022 a 2025, se degradó escandalosamente. La anarquía se apoderó de esa ciudad que mal gobierna el morenista Diego Castañón Trejo, alimentada por un falso sentimiento aspiracionista que dio rienda suelta a la inseguridad, la especulación inmobiliaria y la ambición rapaz de los prestadores de servicios turísticos. Se preparó un plan integral de tres ejes para reflotar este municipio. Primero, se va solventar el parque El Jaguar para liberar playas públicas, porque en la actualidad existen cuatro que han sido acaparadas por privados que cobran el acceso. Segundo, se va regular el alquiler de vivienda que se hace a través plataformas como Airbnb, permitiéndose sólo en temporadas altas y con una estancia mínima de siete días. Y es que, en la actualidad Tulum tiene alrededor de 10 mil cuartos de hotel que compiten con una base de 20 mil puntos que se arriendan por uno, dos, tres o cinco días máximo. Y tercero, se va reconstruir la zona hotelera, la cual será exclusivamente peatonal y para bicicletas.

OTRO DE LOS temas que abordó la presidenta Claudia Sheinbaum y que atañe no sólo a Tulum, sino a todo el Caribe mexicano, es el sargazo. Por lo pronto, en la conferencia Mañanera del jueves pasado, la Secretaría del Medio Ambiente adelantó que buscarán que los hoteleros locales no sólo absorban un presupuesto superior al medio millón de pesos mensual por limpiar de sargazo las playas de la zona federal, sino que ahora se comprometan con cubrir el costo de limpiar el mar y recolectar el alga antes de su arribo a las playas en áreas federales en las que la Secretaría de la Marina, que capitanea Raymundo Pedro Morales, es la única con facultad legal para realizarlo. En los últimos tres años, pero en particular en este 2026, la inseguridad, las extinciones de autoridades estatales y municipales, así como el cierre de accesos tradicionales a playas en Tulum, se han traducido en los niveles más bajos de ocupación hotelera para el destino. Ahora, Alicia Bárcena pretende comprometer el gasto que implicaría la recolección en el mar de esa planta.

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabezan Omar Reyes Colmenares y Ángel Cabrera, respectivamente, emitieron una guía dirigida al sistema financiero mexicano para reforzar la detección de operaciones vinculadas con el robo y contrabando de hidrocarburos, una actividad que las autoridades consideran un riesgo para la estabilidad e integridad del sector. El documento incorpora nuevos criterios de alerta, indicadores de riesgo y mecanismos de monitoreo enfocados en identificar estructuras utilizadas para mover recursos procedentes de estas actividades ilícitas. Además, contempla esquemas relacionados con la evasión fiscal en la importación y comercialización de combustibles. Las autoridades señalaron que, ante operaciones sospechosas, las instituciones financieras deberán realizar análisis, documentar hallazgos y, en su caso, reportarlos a la UIF. La medida surge en un contexto de mayor atención internacional sobre el llamado huachicol fiscal y el tráfico ilegal de hidrocarburos. También responde a acciones recientes del gobierno de Estados Unidos para combatir las redes financieras asociadas a estos delitos. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de dinero y reducir los riesgos derivados de este tipo de actividades para el sistema financiero mexicano.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE