Estalló a la presidenta Claudia Sheinbaum su mayor crisis desde que asumió el poder, en octubre de 2024.

Crisis detonada desde Estados Unidos, principal socio comercial de México: fincó cargos por narcotráfico a prominentes miembros de Morena: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros seis personajes vinculados a la administración estatal.

La acusación, firmada por el fiscal Jay Clayton, el mismo que fincó cargos por narcoterrorismo al venezolano Nicolás Maduro, fue difundida sin anestesia en redes sociales a través de la Embajada de EU en nuestro país, a cargo de Ronald Johnson.

Luego, el Departamento de Justicia, de Todd Blanche, dio santo y seña de los implicados y difundió en español la acusación formal presentada por Clayton ante la Corte Sur de New York.

Esa forma en la que el gobierno de Donald Trump hizo explotar la bomba hace suponer que la onda expansiva alcanzará a todo el sistema político mexicano y a sus tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

El documento de 34 páginas se remonta a 2021, previo a la elección de junio en la que Rocha, promovido y respaldado por el entonces presidente Andrés López Obrador, resultó electo.

El mandatario estatal, según el fiscal estadounidense, habría prometido apoyar al cártel de Los Chapitos en sus operaciones de tráfico de drogas hacia EU, si lo ayudaban a ganar la elección.

“Para respaldar la elección de ROCHA MOYA, los líderes de Los Chapitos (Iván Archivaldo, Alfredo y Ovidio)… ordenaron a los miembros de Los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de ROCHA MOYA, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”, indica la acusación.

Una narco elección a los ojos de la Casa Blanca, validada en su momento por el INE, en ese entonces presidido por Lorenzo Córdova; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado en aquel momento por José Luis Vargas. El impacto, como se ve, puede ir más allá de Sinaloa.

Por eso, el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe sopesar seriamente qué tanto le funcionan en la relación con EU exigir pruebas de sus imputaciones, envolverse en la bandera de la soberanía, aludir a la cooperación sin subordinación y arengar que “a México se le respeta”.

Nada de eso hará que le quiten una sola coma a la acusación del fiscal Clayton, y en cambio podría agravar el asunto, como pasó con el tema de los dos agentes de la embajada estadounidenses fallecidos en un accidente carretero, en Chihuahua, hace un par de semanas.

Y México ya no está para darse esos lujos facciosos. Mucho menos a 27 días del inicio de las conversaciones formales para revisar el T-MEC, el 26 de mayo; a 42 días de la inauguración del Mundial de la FIFA; y a 13 meses de la elección intermedia.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

COLABORADOR

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