Los exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos han agotado formalmente su última vía legal para revertir su remoción y frenar la designación de las nuevas autoridades municipales. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara de manera definitiva el desechamiento de la controversia constitucional que habían promovido en contra de las decisiones tomadas por el Congreso del Estado de San Luis Potosí. El Pleno del máximo tribunal del país resolvió mantener sin cambios el acuerdo inicial que rechazó admitir a trámite la demanda. Los ministros concluyeron que los funcionarios que iniciaron el juicio carecían de las facultades legales necesarias para ostentar la representación del recién creado municipio potosino. La batalla jurídica en la Suprema Corte fue iniciada por los entonces concejales Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alan Carreón Sandoval. Aunque en una etapa posterior del proceso la entonces síndica, Liliana Méndez Fajardo, intentó comparecer ante la Corte para ratificar y respaldar la acción legal, los argumentos no prosperaron ante la revisión de los magistrados. Por una mayoría de siete votos, las ministras y los ministros de la SCJN determinaron que el recurso estaba mal promovido desde su origen. El tribunal recordó que, por ley, la representación jurídica de un municipio recae exclusivamente en la sindicatura, por lo que los concejales demandantes no contaban con la legitimación procesal para activar una controversia constitucional. Asimismo, el Pleno resolvió que la intervención tardía de la síndica Méndez Fajardo no subsanaba las deficiencias ni modificaba el error de origen en la presentación del documento. Con esta resolución, quedó firme el acuerdo de desestimación dictado previamente por la ministra instructora Lenia Batres Guadarrama, dando por concluido y archivado el expediente. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Al desecharse por una cuestión puramente técnica y de forma, la Suprema Corte no entró a revisar ni analizar el fondo de los reclamos sobre si el Congreso del Estado actuó de manera legal o ilegal, dejando jurídicamente intacta y firme la actual estructura de gobierno en Villa de Pozos.