“No son negociables los plurinominales decididos por las cúpulas”, dijo la Presidenta al presentar su propuesta de reforma electoral en la mañanera del 26 de febrero. “Si no la aprueban algunos partidos”, señaló, “es porque quieren seguir manteniendo sus privilegios”. Su advertencia sobre trasladarles el costo político fue inequívoca: “La gente se va a dar cuenta”. Un mes después, la mandataria celebró que “se aprobó lo principal”. El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores rechazó que el proyecto quedara “descafeinado”. Y Alberto Anaya, veterano dirigente del PT, señaló que quienes esperaban “grietas” en la coalición “se equivocan”. Veamos.

Primero fue el Plan A. El 25 de febrero la presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una reforma que proponía: (1) eliminar a los 32 senadores plurinominales y cambiar el modo de elegir a los 200 diputados de representación proporcional, suprimiendo las listas cerradas y creando ocho diputaciones para mexicanos en el extranjero; (2) recortar en 25% el presupuesto del INE, los partidos, los OPLES y los tribunales electorales, además de ajustar sueldos y bonos de funcionarios electorales; (3) reducir los tiempos oficiales electorales en radio y TV de 48 a 35 minutos diarios por emisora; (4) eliminar el PREP; (5) bajar el gasto del Congreso federal y los congresos locales; y (6) fijar un máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento. El 11 de marzo la Cámara desechó la iniciativa, que obtuvo 259 de los 334 votos necesarios. Los aliados de Morena, PT y PVEM, votaron mayoritariamente en contra.

Después vino el Plan B. El 17 de marzo, Sheinbaum envió al Senado otra iniciativa que proponía: (1) reformar la revocación de mandato, de modo que pudiera celebrarse al mismo tiempo que la elección intermedia y permitiendo que la Presidenta promoviera abiertamente el voto a su favor; (2) modificar la composición de los ayuntamientos a sólo una sindicatura y de siete a 15 regidurías; (3) fijar un techo al presupuesto de los congresos locales, no mayor a 0.7% del PIB estatal; y (4) establecer que la remuneración de funcionarios y magistrados electorales no excediera la de la Presidenta, además de prohibirles prestaciones no previstas en la ley o en contratos colectivos. El 25 de marzo el Senado rechazó la reforma del revocatorio y el piso mínimo de siete regidurías, otra vez con los votos decisivos del PT y el PVEM, pero votó a favor el resto.

Sheinbaum propuso una agresiva agenda de reformas que implicaba cambios estructurales en materia de representación, recursos y revocación; pero lo que se aprobó fueron modificaciones menores de naturaleza básicamente administrativa y municipal.

Seamos honestos: el saldo no es ningún ajedrez de ocho dimensiones, es la exhibición de una flagrante incompetencia política. La Presidenta jugó a perder… Y perdió. Así arranca el proceso hacia la elección intermedia de 2027.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg