San Luis Potosí, SLP.— Con el objetivo de analizar las implicaciones del proyecto de Lineamientos Generales para Garantizar los Derechos de las Audiencias y su relación con la libertad de expresión, se llevó a cabo el pasado 19 de agosto el foro “Libertad de expresión y derechos de las audiencias”, convocado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí. La mesa fue moderada por Raquel Álvarez, abogada especializada en casos de libertad de expresión, y contó con la participación de Marcela Nocebuena, periodista de Animal Político; Samuel Bonilla, periodista y coordinador del programa “Transparencia para Todos”; Georgina González, directora de la Facultad de Derecho de la UASLP, y José Mario de la Garza, expresidente de la BMA y socio director en Bufete de la Garza. Durante el encuentro se reconoció que la protección de los derechos de las audiencias constituye una finalidad legítima y necesaria; sin embargo, se destacó que cualquier regulación debe mantener un equilibrio con la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad editorial y la prohibición de la censura previa. La discusión puso especial énfasis en que el diseño y aplicación de los Lineamientos deben contar con reglas claras y mecanismos que eviten interpretaciones arbitrarias. Entre los principales temas abordados estuvieron la amplitud de conceptos como “información falsa”, “veracidad”, “contexto” e “información descontextualizada”, así como las facultades de monitoreo, supervisión y sanción de la autoridad. Particularmente, se planteó revisar o reformular el artículo 12, relativo a la información descontextualizada, para establecer criterios objetivos, precisos y compatibles con los estándares de libertad de expresión. Asimismo, se expresó preocupación por la posibilidad de que las facultades de monitoreo y sanción produzcan un efecto inhibidor sobre periodistas y medios de comunicación. En este sentido, se propuso garantizar la independencia e imparcialidad de la autoridad supervisora, delimitar sus facultades y evitar estructuras que puedan generar conflictos de interés. Los participantes también coincidieron en la importancia de fortalecer mecanismos como las defensorías de audiencias, los códigos de ética, el derecho de réplica, la accesibilidad y la transparencia, distinguiendo claramente entre autorregulación, ética profesional y potestad sancionadora del Estado. Como resultado del análisis, se planteó revisar integralmente el régimen sancionador, particularmente el artículo 54, respecto del cual se expresó preocupación porque su redacción podría ampliar las sanciones establecidas en la legislación de telecomunicaciones, extendiendo mediante los Lineamientos el catálogo de conductas susceptibles de sanción más allá de las infracciones expresamente previstas en la ley. Asimismo, se propuso establecer criterios objetivos para la individualización de sanciones y priorizar mecanismos de corrección, réplica y reparación antes que medidas punitivas. También se destacó la conveniencia de incorporar expresamente estándares constitucionales e interamericanos en materia de libertad de expresión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H El foro concluyó que el reto no consiste en decidir si deben protegerse los derechos de las audiencias, sino en definir mecanismos constitucionalmente admisibles para garantizar dicha protección, sin convertir al Estado en árbitro del contenido que puede o no circular en el espacio público.