El señor Andrés Manuel López Obrador afirmó que en una democracia auténtica el pueblo es quien manda. Tiene razón. Pero en su interpretación parecería recordar aquel refrán islámico de "no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta".

Y en este caso, el único intérprete de la voluntad popular sería precisamente don Andrés Manuel López Obrador. Los demás, en especial aquellos que no estén de acuerdo con él o critiquen su interpretación y sobre todo sus acciones, son traidores, o fascistas, o enemigos del pueblo.

Sobre todo, si no están de acuerdo con su definición de pueblo. Ciertamente es su posición. Pero sus referencias personales a personajes de los medios como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y otros, sin olvidar por supuesto a Carmen Aristégui, reiteradas en su aparición del miércoles, hicieron recordar el reporte que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley emitió hace justo una semana.

"A comenzar con la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y su inicio de la guerra mexicana contra las drogas, a lo largo del término presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018), seguido por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y hasta la actual administración de Claudia Sheinbaum (2024- ), los ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos en México han ido en aumento", indicó el documento, tanto en su sección general como en la parte que dedica a las conferencias "mañaneras".

Los ataques contra esos grupos han incluido amenazas, tortura, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, presiones psicológicas que en los últimos años incluyeron ya tecnologías digitales, vigilancia cibernética, espionaje de comunicaciones y manipulación de medios.

Ciertamente, el patrón de acciones contra periodistas y activistas no comenzó con López Obrador, pero de acuerdo con el documento, "se intensificó significativamente bajo su gobierno". De acuerdo con el reporte, "López Obrador llegó al puesto luego de dos campañas presidenciales perdidas, que atribuyó en parte a la prensa, y llevó ese agravio al gobierno".

Y en ese marco, "las primeras semanas de su régimen dedicó una conferencia de prensa televisada diaria a nombrar a periodistas individuales y organizaciones como corruptas y adversarios extranjeros frente a audiencias nacionales".

Esos hechos, de acuerdo con el reporte de la Universidad de Berkeley, una institución considerada de izquierda en Estados Unidos, pueden ser considerados como un crimen contra la humanidad si constituyen un patrón, o sea, que los actos de agravio estuvieran conectados, dirigidos a un grupo definido, si reflejaron una política y los responsables lo sabían.

Los autores del documento indicaron que originalmente lo habían preparado como plataforma de lanzamiento de un caso ante la CIC, pero la decisión del presidente Donald Trump, de prohibir toda colaboración estadounidense con la Corte, bajo posibles penas de cárcel y castigos económicos, les llevó a la divulgación abierta. Y es de dudarse que las cosas vayan más allá.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR

@CARRENOJOSE1