El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez rechazó el viernes cualquier responsabilidad en dos masacres y en el asesinato de un defensor de derechos humanos ocurridos en la década de 1990, antes de comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por esos hechos. La indagatoria vincula formalmente al exmandatario con el proceso judicial y lo coloca nuevamente bajo escrutinio por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares durante la ofensiva contra las guerrillas, tanto en su etapa como gobernador de Antioquia como en sus dos mandatos presidenciales. La Fiscalía escuchará la versión de Uribe sobre las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), ocurridas en Antioquia, así como sobre el asesinato en 1998 de Jesús María Valle, líder social que denunció públicamente las masacres y fue asesinado a tiros en Medellín.

“Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, declaró el político de 74 años en Bogotá, antes de ingresar al interrogatorio.

Uribe, acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad, acusó a sus adversarios políticos y reiteró que es víctima de una persecución. En agosto de 2025 fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con escuadrones de ultraderecha, aunque un tribunal de Bogotá revocó posteriormente la sentencia. Durante las masacres, los paramilitares asesinaron a decenas de campesinos, robaron ganado y quemaron viviendas. Testigos aseguraron haber visto un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando la zona y custodiando a los paramilitares durante la masacre de El Aro. La Fiscalía sostiene que Uribe habría “facilitado y promovido” la acción de estos grupos, utilizando su finca familiar Las Guacharacas como centro de operaciones.

El hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue condenado en 2025 a 28 años de prisión por liderar el escuadrón paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. La defensa de Álvaro Uribe ha intentado dilatar y suspender la investigación en varias ocasiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 por omisión en las masacres y, dos años después, por la ejecución extrajudicial de Valle. El caso mantiene vivo el debate sobre la responsabilidad política y judicial de Uribe en el auge del paramilitarismo en Antioquia durante los años noventa. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Excélsior.