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No existen tecnologías ni recursos económicos suficientes que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales: REMA
02:00 jueves 19 marzo, 2026
Zacatecas
A través de un comunicado, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresó su profunda preocupación con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo, así como por sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros. La organización advirtió no solo sobre la narrativa gubernamental que presenta el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino también «por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades». De acuerdo con el posicionamiento, esta política pública favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos y conflictos en la salud de la población. El comunicado subraya los impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. Asimismo, señala la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los daños a la salud derivados de la actividad minera. La REMA advierte que la experiencia ha demostrado que, una vez producido el daño, no existen tecnologías ni recursos económicos suficientes que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales, por lo que considera que la minería genera daños de carácter permanente. Entre los proyectos que se pretende impulsar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones sobre el uso del agua, se menciona el Proyecto San Nicolás, de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo más importante de cobre a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el principal en producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de contemplar la extracción de 17.5 mil onzas de oro. El proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, el comunicado cuestiona la premura en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta limitaciones. Asimismo, se mencionan otros proyectos en avance, como Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional en el municipio de Melchor Ocampo; el Relleno de Hundidos de Arian Silver; el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo; y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo. El posicionamiento sostiene que en la actividad minera resulta inviable afirmar que los recursos naturales pueden ser utilizados “con responsabilidad”, al tratarse de un modelo estructuralmente vinculado a la explotación intensiva que prioriza las ganancias empresariales por encima de los ecosistemas y las condiciones de vida de las poblaciones. En Zacatecas, agrega, la crisis hídrica es ya una realidad evidente, pues el estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población. No obstante, la minería demanda grandes volúmenes de agua, al tiempo que contamina y altera los flujos hídricos, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, así como a la disminución del nivel del manto freático. Respecto al proyecto denominado “Aguas Firmes”, el comunicado señala que, a reserva de contar con mayor información, la experiencia en distintos territorios permite identificar prácticas recurrentes de grandes empresas extractivas, basadas en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que no modifican los impactos estructurales del modelo. Aunque 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, la REMA advierte que, desde la perspectiva de las comunidades afectadas, podría representar un periodo de retrocesos si continúa la aceleración en la aprobación de proyectos mineros. El documento recuerda casos como el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver, así como los impactos de la mina Peñasquito de la empresa Newmont en la contaminación y pérdida de fuentes de agua. También se mencionan ejemplos internacionales y nacionales, como el Ejido El Bajío en Sonora y el Ejido Carrizalillo, donde se documentan daños ambientales, deterioro social y procesos de violencia asociados a la actividad minera. En estos casos, señala el comunicado, las utilidades se concentran en los consorcios mineros, mientras que las comunidades enfrentan territorios degradados y condiciones de empobrecimiento. Ante este panorama, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería exigió detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate sobre las prioridades ambientales del país. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente, el comunicado subraya que existen problemáticas urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada y la protección de los territorios y las comunidades, por lo que insta al gobierno federal a no anteponer los intereses económicos de las empresas mineras sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos. Con información de NTR Zacatecas