Integrantes del Observatorio Ciudadano del Tren México–Querétaro señalaron que existe una intención de retirar 5mil 500 metros cuadrados de un parque público mediante un decreto vinculado a un proyecto en la entidad. Durante un posicionamiento público, expusieron que el espacio corresponde a un bien común, por lo que no puede ser vendido, donado ni transferido. Indicaron que, aunque el municipio funge como administrador, no tiene facultades para disponer de esa superficie. Advirtieron que el decreto en análisis plantea de forma indirecta la intervención del parque, lo que implicaría la reducción de su extensión. Señalaron que cualquier modificación debe apegarse a normativas vigentes y a instrumentos de planeación, como el Plan Parcial de Desarrollo, que establece restricciones sobre los usos permitidos en ciertas zonas. También mencionaron que proyectos propuestos en esa ubicación contravienen disposiciones que prohíben determinados desarrollos, como viviendas, en áreas específicas. Añadieron que autorizaciones de otros niveles de gobierno no obligan a los municipios cuando existen regulaciones locales que lo impiden. En el posicionamiento se cuestionó el proceso de consulta, al considerar que la información presentada a la ciudadanía ha sido parcial. Indicaron que las decisiones sobre áreas naturales requieren criterios técnicos que definan actividades, aforo y uso del suelo. Uno de los participantes afirmó: “Es un bien común. Los bienes comunes no se pueden enajenar, no se pueden transmitir, no se pueden donar”. Se informó que ya se presentaron observaciones formales ante instancias correspondientes para sustentar la postura del colectivo. Añadieron que el tema responde a la defensa del entorno. Durante la exposición se señaló que la ciudad enfrenta limitaciones en disponibilidad de áreas verdes, condición que ha sido reconocida por autoridades y especialistas.