La crisis por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y las detenciones registradas durante la marcha ciudadana han abierto un nuevo frente de presión política para Movimiento Ciudadano (MC), tanto en el ámbito estatal como municipal. Para el politólogo Jorge Rocha Quintero, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la combinación de ambos problemas ha deteriorado la confianza ciudadana en las autoridades y representa un desafío para las administraciones emanadas de ese partido. En entrevista para “Así las Cosas”, el especialista señaló que el conflicto dejó de ser exclusivamente un asunto relacionado con los servicios públicos, pues la respuesta gubernamental a las manifestaciones también generó cuestionamientos sobre la actuación policial y el respeto a los derechos humanos. Rocha Quintero explicó que las inconformidades por la calidad del agua comenzaron a hacerse visibles desde 2023 y se intensificaron conforme más habitantes reportaron problemas con el suministro. De acuerdo con el académico, la persistencia de las quejas, las movilizaciones vecinales y la posterior marcha evidenciaron que el problema había alcanzado una dimensión social que no se pueden ignorar. El politólogo consideró que los acontecimientos recientes afectaron los niveles de aprobación de Movimiento Ciudadano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el alcance de ese impacto deberá determinarse mediante encuestas y mediciones de opinión pública posteriores a la manifestación. Aunque la actuación del Gobierno estatal concentra parte de las críticas, el politólogo subrayó que los ayuntamientos tienen responsabilidades importantes en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Por ello, consideró que los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara también enfrentan consecuencias políticas, especialmente ante las exigencias de los habitantes de las colonias afectadas. La distribución de responsabilidades entre municipios, estado y Federación será un elemento central en la búsqueda de soluciones. Al mismo tiempo, la ciudadanía demanda que las autoridades involucradas ofrezcan información clara sobre las causas del problema y las medidas para resolverlo. La crisis, por tanto, no solamente pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno estatal, sino también la coordinación entre las administraciones responsables de garantizar el servicio.