Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abren un escenario sin precedentes que podría generar riesgos políticos, económicos y diplomáticos para México, advirtió Mauricio Alfaro, asesor de investigación del director general de Integralia Consultores. En entrevista para “Así las Cosas”, el especialista calificó como “grave” la señal que se envía a nivel internacional, al considerar que podría interpretarse que el gobierno mexicano protege a funcionarios vinculados con el crimen organizado. “Desde mi punto de vista, la señal hacia Estados Unidos es muy delicada, porque se podría percibir que México está protegiendo a personas involucradas en el narcotráfico que además ocupan cargos públicos. Esto cobra mayor relevancia en un contexto donde el gobierno estadounidense mantiene una política agresiva contra estas actividades”, señaló. Alfaro destacó que se trata de un caso inédito, ya que por primera vez un gobernador en funciones enfrenta señalamientos de este tipo mientras su partido se encuentra en el poder a nivel federal, lo que añade complejidad al escenario. El analista explicó que la crisis no solo impacta al gobierno de Sinaloa, sino también a Morena como partido y a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en un momento clave de negociaciones comerciales. “Este caso llega en un momento muy sensible, cuando México necesita generar confianza hacia sus socios comerciales. De no manejarse adecuadamente, podría complicar aún más las negociaciones internacionales”, advirtió. En el ámbito interno, señaló que las acusaciones podrían afectar la credibilidad del discurso oficial y generar tensiones dentro del partido gobernante, además de impactar la percepción ciudadana. Respecto a la gobernabilidad en Sinaloa, Alfaro consideró que existe un alto riesgo de inestabilidad política, a pesar del nombramiento de una gobernadora interina, debido a posibles disputas de poder y a la vulnerabilidad frente a grupos del crimen organizado. “En momentos de reacomodo político, las organizaciones criminales suelen aprovechar para presionar y disputar territorios, lo que incrementa los riesgos de inseguridad”, explicó. Asimismo, alertó sobre posibles efectos negativos en la inversión, al generarse un clima de incertidumbre que podría impactar indicadores económicos en el corto plazo. En cuanto al escenario futuro, el especialista indicó que la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia podría interpretarse como una señal de disposición a colaborar, lo que ayudaría a mitigar presiones internacionales; sin embargo, advirtió que un eventual proceso de extradición tendría consecuencias políticas severas. “El peor escenario sería que el gobierno mexicano decida no colaborar con Estados Unidos y adopte una postura de confrontación. Esto podría escalar la tensión bilateral, afectar acuerdos comerciales y profundizar la polarización interna”, puntualizó. Finalmente, Mauricio Alfaro subrayó que el desarrollo del caso será determinante para medir la capacidad de respuesta institucional del país ante una crisis que, dijo, “no tiene precedentes en la política reciente de México”.