José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos durante su participación para el espacio informativo de Érika Salgado, consideró alarmante que tanto el gobierno federal como el del Estado de Tamaulipas intenten evadir su responsabilidad de la protección a los migrantes que transitan por territorio mexicano.    Particularmente opinó que los recientes casos de desapariciones de migrantes en la zona cercana a la comunidad de San Fernando, Tamaulipas, pone en evidencia la inseguridad e impunidad que se vive en esa zona del País. Agregó que ante ello las investigaciones que se efectuaron tras el escándalo fueron tardías y que nuevamente se muestra que la capacidad de reacción e investigación de las autoridades es prácticamente nula ante la omisión del Estado.    “Su responsabilidad es protegerlos y de evitar que se cometan delitos como el que acontece, es la segunda ocasión en que hay un secuestro de migrantes en el área de San Fernando. Por supuesto que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los migrantes sin ninguna distinción, de ninguna manera puede evadirla”, expresó.   Ante éste trágico escenario De la Garza Marroquín indicó que el tema de la seguridad en Tamaulipas es alarmante porque se sabe perfectamente desde las autoridades y gobierno que éste tramo carretero en especial es altamente peligroso, además de que es una zona en la que el crimen organizado prácticamente opera de manera abierta y en plena luz del día, sin que la autoridad pueda actuar.    “Es un asunto que a pesar de la gravedad pareciera ser cotidiano y tolerado. El gobierno mexicano no puede excluirse de su responsabilidad en cuanto a la protección de los derechos humanos, no solo de los migrantes, sino de todas las personas”.   El abogado aseveró que los tipos de delitos que se presume pudieron haberse cometido, competen a los dos niveles de gobierno (tanto federal como estatal). Explicó que temas como el secuestro de los migrantes desaparecidos está tipificado como del orden local para el Gobierno del Estado de Tamaulipas y además si hay un caso de trata de personas, correspondería de ser investigado por el Gobierno Federal, aseveró.